El asesinato de Marisela Escobedo, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, es otra muestra más de la inoperancia del Estado mexicano, aunque en esta ocasión la responsabilidad sea del gobierno del estado de Chihuahua. Los hechos muestran la incapacidad de las autoridades del estado para atender la denuncia de una desaparición; para investigar y resolver el caso; para detener al responsable; para castigarlo; y, finalmente, para proteger al denunciante.
El asesinato muestra todas las fallas de la justicia mexicana. Precisamente por estos hechos es que se habla de un Estado Fallido en México, porque las autoridades legalmente constituidas no pueden garantizar lo más elemental: la seguridad de sus habitantes, la razón misma por la que se creó el Estado en el mundo, precisamente para poner fin al llamado "estado de naturaleza", es decir, la imposición de la ley del más fuerte.
El 29 de agosto de 2008 desapareció, en Ciudad Juárez, la hija de Marisela: Rubí Marisol Frayre, de 16 años de edad. Marisela de inmediato presentó la denuncia frente a las autoridades correspondientes, pero éstas no hicieron nada; fue ella quien tuvo que iniciar las investigaciones, finalmente logró ubicar un testigo que narró que Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja sentimental de su hija y con quien había procreado una hija, le había relatado que él había matado a Rubí, que la había quemado y había tirado los restos en las marraneras que están en el oriente de Ciudad Juárez.
Fue hasta que Marisela presentó al testigo que el Ministerio Público estatal empezó la búsqueda del presunto homicida; nuevamente fue la madre de la asesinada la que en junio de 2009, dio con el paradero de Barraza Bocanegra en Fresnillo, Zacatecas, y allí fue detenido por policías municipales que lo entregaron a las autoridades de Chihuahua.
La hoy occisa fue quien realizó personalmente todo el trabajo que correspondía a las autoridades estatales; éstas simplemente formalizaron la detención y tenían que asegurarse de mantener encerrado al presunto homicida, mientras era juzgado y sentenciado.
Pero el 29 de abril del presente año, un tribunal de justicia oral, integrado por los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, lo exoneró porque no había pruebas suficientes para mantenerlo en la cárcel. Esto a pesar de que durante su detención el presunto homicida confesó a los policías cómo había asesinado a Rubí y dónde había arrojado sus restos. Durante la audiencia pública celebrada en el juicio, incluso pidió perdón a la madre de su ex pareja.
Marisela reanudó la lucha, logró que se presentara un recurso de apelación y el 17 de mayo que un juzgado de segunda instancia lo procesara; el 26 de mayo, este juzgado condenó a Barraza Bocanegra a 50 años de prisión; pero para entonces el homicida ya había escapado. Nuevamente fue ella la que lo localizó, en julio de este año, otra vez, en Zacatecas, donde vivía con una joven de 17 años, de acuerdo a una información publicada en El Universal, con la que procreó unos gemelos; pero éste se les escapó a más de 50 militares y policías que fueron comisionados para aprehenderlo.
Ella siguió la búsqueda del asesino de su hija y la organización de diversas acciones de protesta para exigir a las autoridades su detención. Los gobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza y César Duarte, nunca la atendieron, a principios de este mes durante un evento universitario expuso una manta donde se leía: "La justicia, privilegio de gobernantes", lo que indignó a Duarte. Ante la reacción del gobernador, Marisela instaló un plantón frente al Palacio de Gobierno desde el pasado 8 de diciembre.
El domingo 12 de diciembre, denunció: "Si me va a venir ese hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente, para vergüenza del gobierno. Tengo amenazas por parte de él, por parte de la familia, él ya está involucrado en el crimen organizado. ¿Qué está esperando el gobierno? Que venga y termine conmigo, que termine conmigo aquí enfrente, a ver si les da vergüenza".
Las amenazas se concretaron el jueves 16 de diciembre, a las 8 de la noche, cuando Marisela fue asesinada de un balazo en la cabeza mientras se encontraba instalando una manta. Hasta ese momento, después de que la asesinaron, el gobernador atendió su reclamo, según una información difundida en la página electrónica de la revista Proceso, Duarte declaró: "siempre señaló al autor material de la muerte de su hija y que desgraciadamente fue liberado por tres jueces, que insolentemente lo pusieron en libertad".
Anunció que solicitaría la suspensión de los jueces, lo cual se concretó casi de inmediato, pues el viernes 17 de diciembre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua señaló que los tres habían sido suspendidos sin goce de sueldo.
En éste, como en muchos otros casos, no se requieren comentarios, análisis u opiniones para evidenciar la absoluta y total inoperancia del Estado mexicano, en este caso el estatal de Chihuahua, basta revisar los hechos para entender que fue Marisela quien tuvo que realizar la labor que le correspondía a las autoridades estatales y que lo poco que ella no podía hacer, si no quería hacerse justicia por su propia mano: sentenciar al homicida; sancionar a los jueces "indolentes"; y brindarle la mínima protección para que, al menos, ella pudiera suplir las deficiencias de la autoridad, el gobierno lo hizo mal.
La conclusión es dramática: Marisela realizó todas las funciones que le correspondían al Estado y lo poco en lo que no podía suplirlo, el Estado falló.
