Por segunda ocasión, la Cámara de Diputados incumplió los tiempos que ellos mismos se dieron para la designación de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral. La primera fue en diciembre de 2007, cuando ante la falta de acuerdos decidieron posponer hasta la primera semana de febrero de 2008 el nombramiento del consejero presidente y dos consejeros electorales; y ahora, que tenían como límite el sábado 30 de octubre para designar a tres consejeros electorales optaron por dejarlo hasta el miércoles 3 de noviembre.
La designación de los tres integrantes del órgano superior de dirección de la autoridad responsable de organizar las elecciones presidenciales de 2012, es un asunto de la mayor relevancia y para valorarla basta recordar que hace siete años, en octubre de 2003, la falta de consenso para designación de los ocho consejeros electorales y el consejero presidente fue precisamente el inicio del conflicto que estallaría en julio de 2006, tras la competida y controvertida elección presidencial de ese año.
Aunque la mejor fórmula para la designación de los integrantes del Consejo General no es el reparto del cuotas entre los grupos parlamentarios, éste es el mecanismo que se ha encontrado para lograr elecciones unánimes de los otros cinco consejeros electorales y el actual consejero presidente, donde cada una de las tres principales fuerzas parlamentarias tuvo la oportunidad de proponer a dos de las personas designadas.
De acuerdo a las versiones periodísticas, en esta ocasión, la designación tuvo que posponerse porque la fracción parlamentaria priista reclama dos de las tres posiciones que se renovarán, con lo cual automáticamente una de las tres fracciones con mayor participación en la Cámara de Diputados quedaría fuera de la negociación y, todo indica, que nuevamente sería el PRD. De los tres consejeros que hoy domingo terminan su encargo dos fueron propuestos por el PRI y uno por el PAN, precisamente por ello el tricolor busca conservar esas posiciones.
Afortunadamente en esta ocasión no se hace la renovación total del Consejo, como sucedió en esa ocasión, sino únicamente de una tercera parte de sus miembros, sin embargo, los equilibrios son tan endebles en dicha institución que volver a dejar fuera del acuerdo final a los partidos integrantes del DIA (Diálogo por la Reconstrucción de México, integrado por PRD, PT y Convergencia) reeditaría dicho conflicto.
En esta ocasión el procedimiento de selección se modificó un poco, ya que la Comisión de Gobernación hizo una preselección de 17 candidatos, de entre los 135 que se registraron para ocupar los tres cargos. En la integración de esta lista, la Comisión cuidó que permanecieran candidatos que satisfacían las demandas de las tres principales fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD), sin embargo, el problema surge para pasar de los 17 a los tres, pues el margen de maniobra se reduce.
En la lista de 17 se incluye a gente con trayectoria, compromiso democrático y conocimiento de la materia electoral que podría colaborar a recuperar el prestigio de la institución electoral; pero también hay otros que su único mérito para estar en la misma son sus vínculos con alguna de las tres principales fuerzas políticas. Así la moneda está en el aire: hay candidatos para hacer una designación que fortalezca a la institución, pero también los hay, para conformar una terna que la debilite.
El debilitamiento de la institución puede venir por dos vías: una, perder el consenso que hasta hoy ha prevalecido en la designación de los integrantes del cuerpo colegiado, lo cual haría que desde estos momentos una de las fuerzas políticas se llame agraviada, con el consiguiente deterioro del clima preelectoral; y dos, porque aunque se mantenga el consenso y se respeten las cuotas partidistas, se designe a personas cuyo único mérito es la lealtad hacia la fuerza política que lo postuló, lo cual se traduciría en un mal funcionamiento del órgano electoral y, por lo tanto, continuaría la pérdida de confianza en la institución.
Desgraciadamente los partidos políticos privilegian y valoran más la lealtad que los méritos de los candidatos; no quieren tener buenos consejeros, sino consejeros leales que sigan sus indicaciones y les solapen sus acciones, aunque sean violatorias de la ley y la Constitución. Los partidos políticos no quieren árbitros competentes, sino leales y tolerantes.
Esa es la fórmula que han seguido para designar a los otros seis integrantes del Consejo Electoral y, por ello, cada día es más evidente que también en este ámbito se ensancha la distancia entre autoridades y ciudadanos. La autoridad electoral actúa en función de las demandas y solicitudes de los partidos políticos, en detrimento de la vigencia de la normatividad en la materia. Precisamente por ello, aunque la ley establece que las campañas electorales deben iniciar hasta la tercera semana de diciembre del próximo año, hoy los principales aspirantes a la Presidencia de la República están en una intensa y vigorosa campaña proselitista, a pesar de la manifiesta inconformidad de la ciudadanía.
Es lamentable que los diputados prefieran disfrutar de unos días de descanso, a propósito del puente por el Día de Muertos, que cumplir con su compromiso de designar en tiempo y forma a los consejeros electorales; pero más lo será si además se equivocan en la designación. En sus manos está el futuro de nuestra endeble democracia electoral.
