Firme el dedo en el renglón frente al desborde del entreguismo, el pleno del Senado aprobó ayer por mayoría un punto de acuerdo para exhortar el Ejecutivo a frenar la expansión de las medidas de homologación de las normas oficiales mexicanas con las de Estados Unidos y Canadá.
Colocado en tribuna por la legisladora priista María de los Ángeles Moreno, el exhorto habla concretamente de no emitir acuerdo alguno por el que se reconocerían como equivalentes a las Normas Oficiales Mexicanas o cualquier otra disposición jurídica nacional, a alguna norma extranjera, reglamento técnico, requisito o procedimiento para la evaluación de la conformidad. El paréntesis privaría hasta en tanto resuelva la Suprema Corte de Justicia una Controversia Constitucional planteada por el propio Senado frente a la expedición de un Decreto por parte de la Secretaría de Economía que homologa las normas para verificar la calidad de los productos electrónicos.
En el terreno práctico, la medida, sin solicitud de reciprocidad al calce, valida la certificación realizada por los gigantes del norte del Hemisferio de los productos con proa al país.
De acuerdo a la exposición de motivos de los legisladores de todos los partidos que avalaron la presentación del diferendo, la medida usurpa funciones del Legislativo, al pasar por encima de una decena de leyes, entre ellas la de Comercio Exterior y la de Normalización y Metrificación.
La obstinación de la dependencia encabezada por Bruno Ferrari en seguir transitando por la misma ruta al margen del pronunciamiento del máximo tribunal de justicia del país, había obligado a emitir un primer Punto de Acuerdo sobre el mismo asunto. El exhorto hablaba en este caso de frenar la puesta en escena, en la práctica, de otro Decreto similar, éste para homologar las normas para certificar los insumos médicos que ingresan al país.
La nueva provisión se apuntala en la certeza de que la Secretaría de Economía preparaba un nuevo Decreto, éste en la mira de homologar las normas de certificación de autopartes, inclusive llantas.
De acuerdo a la dependencia, el escenario permitiría desde un ángulo agilizar el paso de las importaciones al país; ahorrarse el costo de la certificación mexicana, y de pasadita empatar la salida de innovaciones tecnológicas con su llegada al país.
Sin embargo, para los productores nacionales el nuevo marco le abre la puerta al ingreso de mercancías de dudosa calidad, procedentes de los países del Extremo Oriente, lo que dejaría en indefensión a los consumidores nacionales. Por lo pronto, a contrapelo de las promesas de ahorro que se repercutiría al público, hete aquí que las certificadoras privadas de los Estados Unidos le están enviando cartas a los importadores para ponerse a sus órdenes, es decir tanto por pieza colocada en la frontera.
Una de ellas, de razón social UL, dirige sus redes hacia la Cámara Nacional de la Industria de Tecnologías de Información. Se diría, pues, que la Secretaría de Economía le apuesta a la destrucción de la industria nacional para dar paso franco a su conversión en importadores Made in China, Made in Taiwán, Made in Hong Kong o Made in Vietnam.
Ahora que, admitida la Controversia Constitucional por el ministro Sergio Valls, por aquellas cosas raras de la vida no se concedió una suspensión del acto reclamado, por lo que los normalizadores e industriales afectados están buscando un amparo de un juez por doble carril.
El ministro ponente designado para emitir una propuesta de resolución, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es el mismo que ventiló el penoso caso de la guardería ABC de Hermosillo, cuyas conclusiones no fueron avaladas por el pleno, tras la presión ejercida por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
En calidad de mientras, el absurdo empujado por la Casa Blanca para agilizar sus exportaciones como vía para la recuperación económica ya le costó a su principal promotor, el subsecretario de Economía, Felipe Duarte, su pretensión de encabezar al organismo de promoción de inversiones extranjeras ProMéxico.
Se diría que se está quedando solo en el desierto, por más que la consigna viene desde Los Pinos.
¿Homologamos también el país?
BALANCE GENERAL
La noticia es que, perdida la posibilidad de un amparo por parte de los afectados, quedó en firme la multa de 31 millones de pesos impuesta por la Comisión Federal de Competencia a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, cinco de sus empresas filiales y cinco personas físicas. La acusación concreta de la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta, habla de haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, al haberse coludido para fijar un cobro uniforme a los usuarios del transporte de carga. El pecado mayor que sanciona la Ley Federal de Competencia Económica.
La evidencia estaba en el portal electrónico del organismo. El golpe alcanza a éste; a su expresidente, Jorge Cárdenas Romo; al excandidato a la presidencia, Noé Paredes Meza, así como a los transportistas José Ortiz, Manuel Jaime Rojo Lozano y José Luis Alcántara.
El monto a cubrir a la Secretaría de Hacienda, agregados los intereses, será de 34 millones.
¡Pácatelas!
RESCATAN SU CASITA
En un episodio más que desmiente el propósito de enmienda del gobierno en materia de rescate de empresas privadas con recursos públicos, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), están aceptando quitas en los abonos que le entrega la hipotecaria Su Casita para saldar su pesada deuda.
Más aún, hete aquí que los pagos se realizan en especie, es decir son activos en cartera, o si lo prefiere adeudos pendientes de cobro por parte de los usuarios.
El pasivo total que arrastra con las dos instancias públicas la compañía en proceso de reestructura para evitar la asfixia, es de 19 mil 531 millones de pesos.
FUEGO CONTRA LOZANO
En un documento de 228 páginas, el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, le entregó el jueves pasado a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.
El legajo se apoya en testimonios de la United Steel Workers y de la AFL-CIO de los Estados Unidos, que acusan al funcionario de haber ofrecido la liberación del presidente del Consejo de Vigilancia del sindicato, Juan Linares Montúfar, a cambio de levantar la huelga que paralizó casi tres años a Mexicana de Cananea.
Según ello, la oferta desmentía la afirmación tajante de Lozano de que en su dependencia no se trataban asuntos penales.
Más aún, se aduce que el exsubsecretario, Álvaro Castro Estrada, subió la oferta anexando el descongelamiento de las cuentas bancarias del sindicato.
La andanada, pues, va con todo.
