Preso. Raúl Hernández, preso en el penal de Ayutla, Guerrero, saluda a activistas de Amnistía Internacional que le brindan respaldo. EL UNIVERSAL
Desde hace cuatro años, las indígenas otomíes Teresa González y Alberta Alcántara están en espera de recibir su sentencia; el plazo para que esto ocurra vence en marzo próximo. La PGR las acusa de secuestrar a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y ha solicitado al juez que les aplique la pena máxima, que podría alcanzar 40 años de prisión.
Los abogados y familiares de Teresa y Alberta creen que la acusación de la PGR es un castigo por el "atrevimiento" que ambas tuvieron al solicitar a los agentes federales que se identificaran, luego que el 26 de marzo de 2006 pretendieron decomisar la mercancía de tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Jacinta Marcial, detenida y acusada del mismo delito, fue liberada por "ausencia de pruebas plenas", pero no ha podido retomar su vida.
En el penal de Ayutla, en Guerrero, está preso el indígena Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa. La Procuraduría del estado dice que es sospechoso de asesinar a un informante del Ejército. Sus abogados aseguran que la única prueba que consta en el expediente y que supuestamente lo inculpa es un "testimonio de oídas".
En las cárceles mexicanas hay 8 mil 403 indígenas. De ellos, reportó la Secretaría de Seguridad Pública en noviembre, 7 mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal. Aunque la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR señala, al cierre de 2009, que había mil 7 recluidos por delitos federales.
Los delitos del fuero común por los que más se acusa a los indígenas son violación, homicidio, lesiones y robo. En el ámbito federal, los más recurrentes son contra la salud y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos e instituciones públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas coinciden en que los indígenas sometidos a un proceso penal se enfrentan a un sistema judicial con "graves deficiencias", que los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista. Aseguran que los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades: detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura, irrespeto al principio de presunción de inocencia, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y costumbres.
