Los padres de los 49 niños que fallecieron en el incendio de una guardería pública anunciaron que acudirán a instancias internacionales luego que un fallo de la Suprema Corte no incluyó como responsables a funcionarios de alto nivel.
''Sabemos que va a llegar la justicia, lamentablemente no vendrá aquí en México'', dijo en rueda de prensa Patricia Duarte, madre de uno de los pequeños fallecidos el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Agrupados en el llamado Movimiento 5 de Junio, algunos de los padres consideraron que la Corte cedió a presiones de autoridades federales y estatales, quienes a su juicio realizaron una labor de cabildeo para no salir involucrados.
La Suprema Corte resolvió el miércoles que los hechos por los que murieron los 49 niños constituyeron graves violaciones a las garantías individuales y señalaron que siete servidores públicos menores estuvieron involucrados, con lo cual rechazaron un proyecto que responsabilizaba también a altos funcionarios.
El abogado del Movimiento 5 de Junio, Lorenzo Ramos, dijo que el fallo es ''deleznable'' e ''incongruente''. Opinó que no es posible reconocer graves violaciones y sólo involucrar a subordinados que no podían actuar sin el conocimiento de sus superiores.
Ramos dijo que irán a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y al Comité de Derechos del Niño del mismo organismo internacional para presentar su caso y pedir que emitan recomendaciones al Estado mexicano por no garantizar la justicia a los familiares de los menores.
Añadió que se analiza también llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el proyecto que analizó, y finalmente desechó el pleno de la Suprema Corte, se señalaba como responsables de la muerte a altos funcionarios como el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, además del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Por el incendio, que también dejó 75 menores lesionados, se han iniciado procesos penales contra 23 funcionarios menores, dueños y representantes legales de la guardería, aunque ninguno está preso porque obtuvieron su libertad bajo fianza.
Funcionarios del IMSS fueron señalados debido a que ese instituto subcontrató a particulares el servicio de la guardería ABC, que según autoridades se incendió debido a un cortocircuito en un equipo de enfriamiento localizado en una bodega adyacente.
Duarte dijo que después de la resolución de la Suprema Corte, un funcionario del IMSS comenzó a comunicarse con las madres del movimiento para ofrecerles una pensión vitalicia, algo que al menos ella dijo que rechazará.
''Yo no quiero que me paguen a mi hijo en mensualidades'', dijo.
