El 26 de agosto, el empresario ambiental Gabriel Quadri publicó en El Economista un artículo donde reflexionaba sobre la deforestación en México, haciendo una apología del pago del costo de oportunidad por "no tocar" al bosque y sugiriendo, con una referencia al "estado de naturaleza" de Hobbes, que la solución estaba condicionada por la situación de Estado fallido de nuestro país.
Al tratar así al problema, minimiza la importancia de la gestión comunitaria de los bosques y menosprecia el uso sustentable de los recursos forestales como factores de conservación y desarrollo.
Gabriel Quadri acierta al señalar que el bosque será un tema central durante la reunión sobre cambio climático de Cancún en diciembre. La deforestación representa 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial y en México ese porcentaje es de 14% del total de las emisiones GEI. Los bosques se deforestan a tasas preocupantes, lo que sugiere que las cifras pueden aumentar con los años si no se toman medidas urgentes de largo plazo.
La esperanza de Cancún es la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), que representa la oportunidad para generar políticas de gestión forestal sustentable donde se apueste por la conservación de los bosques a través su aprovechamiento. Pero eso implica considerar la necesidad de desarrollo de las comunidades que habitan las zonas forestales y no sólo su precaria subsistencia.
Quadri explica que "el costo de oportunidad de la tierra (lo que ésta vale para el propietario en actividades agropecuarias) es un concepto crucial en el financiamiento y operación de REDD, y que desde luego debe ser cubierto para evitar la deforestación"; considera que con el pago de este costo de oportunidad, "el objetivo de deforestación asintótica cero al 2020 es perfectamente alcanzable", y concluye que eso "debería ser el referente de la política forestal y de conservación en el país, dejando atrás las subvenciones sin contraprestación a grupos de interés, proyectos caprichosos de 'uso sustentable de recursos', y programas ingenuos y no verificables de 'reforestación'".
Pero, al pagar una renta a los propietarios de los bosques y selvas por no tocar sus recursos, estamos condenando de facto a las comunidades a la pobreza, pues se les quita la posibilidad de diversificar sus medios productivos e iniciar un proceso de desarrollo. La mayoría de las comunidades que viven en zonas forestales está marginada y el pago del costo de oportunidad las condena al subdesarrollo.
En contraste, el manejo sustentable del bosque no prohíbe a las comunidades aprovechar los recursos forestales como lo plantea erróneamente la perspectiva de "no tocar". Al contrario, se trata de definir con las comunidades forestales un plan de aprovechamiento sustentable del bosque que establezca con criterios de conservación qué árboles cortar, organice su cuidado contra plagas e incendios y promueva el desarrollo de una economía local comunitaria basada en los productos forestales maderables y no maderables. Así, las comunidades y ejidos forestales preservan y mejoran ese capital natural porque lo poseen y les provee ingresos.
Por ello, el diseño de las políticas de REDD+ debe integrar medidas adaptativas y de manejo sustentable del bosque para detonar procesos de desarrollo sustentable que permitan evitar la deforestación y la degradación mientras fortalecen los medios de vida campesinos. En suma, la definición de la visión de REDD+ en México tiene que pasar por una evaluación integral y de largo plazo de sus impactos, considerando a las comunidades que viven en, y de los bosques.
Rousseau dijo: "Las leyes no son otra cosa que las condiciones de la asociación civil... el pueblo sometido a las leyes debe ser el autor de las mismas". Se debe desechar la actitud de menosprecio hacia las comunidades asumiendo que son incapaces de definir sus propios planes de desarrollo. La gobernanza forestal debe ser la base para la construcción de la visión del manejo sustentable de los bosques donde REDD+ represente la nueva oportunidad. REDD+ será entonces efecto de un contrato social definido por las comunidades que habitan los territorios forestales, donde el uso sustentable de los recursos sea motor del binomio: desarrollo y conservación.