La aparición de un desplegado en la prensa regional, que firman "Laguneros Unidos de las Colonias El Campestre y Las Rosas" de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, pone el tema de la participación ciudadana en el primer nivel de la atención del público.
La publicación de referencia expresa un reclamo sobre la creciente inseguridad que existe en nuestra región y se dirige al Presidente de la República, al Gobernador de Durango y al Presidente Municipal de Gómez Palacio, y aunque en teoría resulta pertinente, en la práctica la exigencia que contiene corre el riesgo de que se diluya porque al ir dirigida a tantas autoridades, es posible que ninguna de ellas se dará por aludida, o el tema se puede contaminar al coincidir en tiempo con el actual proceso para elegir gobiernos estatal y municipales.
Los mexicanos sabemos que la debilidad de nuestra vida pública reside en la deserción cívica histórica en la que hemos vivido, por lo que aunque pudiera parecer que es demasiado tarde, si queremos sobrevivir con dignidad y en libertad como sociedad y como especie humana, es necesario que hagamos de la participación ciudadana un ejercicio constante y concreto, empezando por construir y desarrollar las redes y conductos que hagan esa participación posible y eficiente.
La sociedad y las organizaciones sociales existen, pero carecen de un programa que responda a la constancia y concreción que la tarea requiere, o se hayan mediatizadas por intereses directamente asociados al ejercicio del poder y de ahí la preocupación de los firmantes del desplegado cuyo comentario nos ocupa, que se anticipan aclarando, sin que nadie les pregunte, que su movimiento es cien por ciento ciudadano y apartidista.
De cualquier modo, si la situación actual de inseguridad que prevalece en la Comarca Lagunera influyera en los resultados electorales en el escenario duranguense, no mengua la legitimación de los ciudadanos para interpelar de modo individual o colectivo a las autoridades que consideren incapaces u omisas ni para dar o quitar el voto a quien o quienes la misma ciudadanía decida en función del reconocimiento, el castigo o la esperanza que susciten candidatos y partidos en esta época, pues para eso es la democracia.
Es claro que el Gobierno Federal es quien enfrenta la lucha contra el crimen organizado, pero mezclar la exigencia relativa a ese tema, con el robo de autos y medidores de agua o tuberías de cobre, sólo genera confusión. Como encargados del diseño y ejecución de las políticas públicas, los titulares de los distintos órganos y niveles de gobierno, así como quienes dirigen los partidos de los cuales emanan tales autoridades, son los primeros responsables, en la medida de la naturaleza e importancia de las funciones que corresponden a cada uno de ellos.
En base a la experiencia de la historia, la teoría del Estado moderno ha generado modelos que dividen el ejercicio del poder de acuerdo a la materialidad de sus funciones (ejecutivo, legislativo y judicial) y también por razones geográficas (federalismo nacional y descentralización regional), lo cual exige que una sociedad participativa para ser eficaz, debe de organizarse y allegarse los conocimientos básicos sobre el modo en que funciona el Estado, para estar en condiciones de exigir a cada protagonista en cada nivel y órgano de Gobierno, la responsabilidad específica que les atañe. Así por ejemplo, la prevención del robo de autos y de casas-habitación es responsabilidad de la Policía Municipal y su investigación atinente a castigar a los ladrones y en especial a los aparachuecos que trafican a placer con el cobre robado sin que les pase nada, corre a cargo del Gobernador del Estado que cuenta para ello con la Procuraduría de Justicia.
En el caso de Gómez Palacio la responsabilidad está a la vista. La autoridad municipal acaba de perder el acceso a una partida de cinco millones de pesos etiquetados para seguridad pública por falta de planeación del gasto y cumplimiento normativo, como ocurrió con el Gobierno de Durango que el año pasado dejó ir setenta y seis millones de pesos por esa misma causa.
Por otra parte, para emprender la tarea de participación ciudadana con la seriedad que se requiere es necesario un liderazgo. El justo reclamo que contiene el desplegado cuyo comentario nos ocupa, se empaña por el anonimato de los inconformes. Es cierto que las condiciones de inseguridad que prevalecen explican la discreción al respecto, pero la realidad es que contrario a la estrategia oculta del crimen que es hijo de las tinieblas, la sociedad sólo puede dar una lucha eficaz, con un liderazgo que dé la cara.
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