En algunos temas de interés público, como el del medio ambiente, la participación social incluye a dos actores fundamentales: a los ciudadanos y al gobierno. De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el gobierno (se refiere al federal) "deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales". Sin ser expertos en los asuntos legislativos, es evidente cierto grado de obligatoriedad de parte del gobierno y la necesaria corresponsabilidad entre ambos actores en la gestión y conservación de los recursos naturales. En el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la aplicación de este párrafo de la Ley y el que se refiere a "se convocará, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a las organizaciones"..." y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas", se expresan en la integración de Consejos Ciudadanos Estatales y Regionales que son consultados en relación a la agenda ambiental de los estados y del país en el caso de los consejos regionales.
Otros textos del Título Quinto de la LGEEPA, que por cuestiones de espacio no se presentan completos, ponen énfasis en la iniciativa del interlocutor obligado o facultativo de la participación social, para celebrar convenios de concertación con una gran diversidad de organizaciones para "el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales", ...así como "para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente".
En nuestra querida Comarca Lagunera, si bien no se dieron las cosas tal y como se expresa en la Ley, particularmente en lo que se refiere a la iniciativa de los actores, ya que fuimos los ciudadanos los que la tomamos, se lograron de manera corresponsable y concertada, la declaración de dos importantes áreas naturales protegidas: El Parque Estatal Cañón de Fernández y la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco. En ambos casos se celebraron convenios con organizaciones de ciudadanos para que corresponsablemente fueran manejadas las dos áreas naturales protegidas.
Otro caso digno de ser mencionado es el de Biodiversa, Encuentro sobre Biodiversidad que está ya cumpliendo ocho años, en el que se ha tenido el apoyo permanente del municipio de Torreón, y que es organizado por Instituciones de Educación Superior, ONG, por las Direcciones de Ecología de la zona metropolitana, y las delegaciones de Coahuila y Durango de la Semarnat, entre otros.
Como se puede notar, la participación social en la Comarca ha sido posible y se han logrado productos concretos y tangibles. Dados los últimos acontecimientos en relación a la participación social en el manejo de la Reserva Ecológica de Jimulco, la pregunta obligada es ¿se podrá mantener esta tendencia creciente, modesta aun, de modernidad y desarrollo sustentable o le meteremos reversa?
