Cambios. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública requiere de reformas para mayores facultades.
La sanción más "rígida" para una institución o sujeto obligado que se niega a responder una solicitud de acceso a la información es una multa máxima de 20 mil pesos, de ahí que se buscará una reforma que permita llegar hasta la acción penal.
Alejandro Gaitán Manuel, comisionado presidente de la Comisión Estatal para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (CETAIP) de Durango, manifestó que esperará a que la actual Legislatura comience con los trabajos en sus comisiones para entablar una reunión y plantear la necesidad de una reforma.
Explicó que hay estados del país como Jalisco donde algunos funcionarios públicos ya fueron notificados de que serán sometidos a procesos penales, por negarse a informar conforme lo establece su respectiva Ley de Transparencia; enfatizó que precisamente ahí radica la diferencia con Durango pues la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado no contempla este tipo de acciones.
El titular de la CETAIP enfatizó que se requiere una reforma a la ley estatal que permita a la Comisión "morder" a los sujetos obligados, a fin de que lo piensen dos veces antes de incurrir en una omisión de información que, actualmente, lo más que les acarrea es una multa económica que la mayoría de las instituciones están en capacidad de pagar.
El caso más recurrente en Durango es el de la Universidad Juárez, que ya en cinco ocasiones ha sido multada por negarse a revelar su nómina y que prefiere pagar cuanta multa le impongan.
Premio a ganador
Será hoy en punto de las 12:30 en la Unidad Administrativa donde se realice el evento de premiación de los ganadores del evento La Transparencia en el Bicentenario, organizado por la Unidad de Transparencia e Información Municipal, que forma parte del segundo concurso de carteles Fermín Revueltas. El próximo martes se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, que se celebrará en Transformadora Durango.
