Reunión. El diputado del PRD, Julio César Godoy Toscano se presentó ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a la Cámara de Diputados una nueva solicitud de declaración de procedencia, a efecto de estar en posibilidad de actuar penalmente contra el diputado federal Julio César Godoy Toscano del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien acusa de tener nexos con el crimen organizado, y ahora también deberá responder por lavado de dinero.
La PGR informó que la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del legislador federal se configuró a partir de nuevas evidencias con las que no contaba en la primera indagatoria.
La solicitud fue presentada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Godoy Toscano rindió protesta como diputado federal el 23 de septiembre pasado, luego de ganar un amparo en el que un juez federal le restituyó sus derechos políticos, pese a tener una orden de aprehensión.
La PGR informó que la nueva solicitud está sustentada en pruebas recabadas con posterioridad al ejercicio de la acción penal que originó la primera consignación del ahora legislador. "Cuenta con información, señalamientos y dictámenes periciales que configuran un tipo delictivo distinto al que motivó la orden de aprehensión vigente", precisó la dependencia.
COMPARECE EN SAN LÁZARO Ayer lunes, Godoy Toscano asistió a una reunión "exhaustiva" con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en la que fue enterado del "expediente voluminoso" de su caso, que encontró incompleto.
Sostuvo que desconoce a los testigos protegidos que lo denuncian -Emilio, Ricardo y Carlos-, y aseguró que "no existen, ya no existen, físicamente ya no están".
La presentación de Godoy ante la Sección Instructora abrió el proceso para que ese comité de legisladores -dos del PRI, uno del PAN y uno del PRD- evalúe si procede desaforarlo por el delito de delincuencia organizada que le imputa la PGR. Tiene siete días hábiles para declarar por escrito sobre el contenido del expediente.
Manifestó que la PGR actúa de mala fe en su contra, e indicó que el agente del MP corre con prisa, ya que está próxima la fecha para el fallo del juez que lleva el caso de la última orden de aprehensión vigente. En cuanto se emita el amparo a su favor, prevé, la solicitud del juicio de procedencia "quedará sin efectos".
