La organización Amnistía Internacional (AI) consideró positiva la reforma al artículo 67 de la Ley General de Población que procura el acceso a la justicia de los migrantes indocumentados en México.
Sin embargo, urgió al gobierno del presidente Felipe Calderón a establecer "un claro plan de acción" en el que participen todas las instancias federales involucradas, como la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración, así como las autoridades estatales.
"Es esencial ahora que el gobierno federal convierta este compromiso en medidas concretas para prevenir y atender los abusos sufridos por migrantes irregulares en México", sostuvo el organismo a través de una declaración pública sobre la reforma aprobada ayer jueves en el Senado.
Ahora es esencial, indicó, que el presidente Felipe Calderón publique con urgencia la reforma en el Diario Oficial para que se convierta en ley.
El artículo 67 había sido criticado por varias organizaciones de derechos humanos porque discrimina a los migrantes.
El artículo en cuestión establece que todas las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a exigir que los ciudadanos extranjeros que les soliciten servicios aporten pruebas de su legal estancia en el país. La reforma aprobada prohíbe que se niegue o restrinja la atención de quejas de derechos humanos o procuración de justicia cualquiera sea la situación legal del o la migrante.
"Este es un momento clave para que el gobierno del Presidente Calderón muestre su liderazgo e implemente medidas concretas para asegurar la protección de los migrantes en México", aseguró Ruper Knox, investigador sobre México de AI en la declaración pública difundida a los medios de comunicación.
Lo que resulta una pena, es que "Ha tenido que ocurrir la matanza de 72 migrantes para poner este asunto en la agenda del gobierno federal".
AI emitió un informe en abril resaltando el fracaso de las autoridades federales y estatales de México de implementar medidas efectivas para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones de migrantes irregulares a manos de los grupos criminales.
