Crítica. Amnistía Internacional cuestiona que pese a los abusos de los militares, México siga recibiendo una ayuda significativa de Estados Unidos.
El Estado mexicano debe investigar todos los homicidios que ocurren en el país, aseguró Javier Zúñiga, consejero especial de Amnistía Internacional (AI) en Londres.
"Es difícil cuantificar cuántas ejecuciones extrajudiciales hay en México, porque hay un problema muy serio en cuanto a las investigaciones que son realizadas, muchas veces por falta de voluntad política, aparentemente para no molestar en sus funciones de reprimir al crimen organizado.
"Es muy importante que se haga una investigación exhaustiva de cada muerte, y si hay sospecha de que el responsable pudiera ser un agente del Estado, debería ser motivo de sanciones o de acciones legales ante un tribunal", dijo.
El organismo presenta ahora su informe anual en donde expresa su preocupación por la inseguridad pública que se vive en México, que generó 6 mil 500 asesinatos en 2009.
Asimismo, advierte sobre el incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército, incluidas las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y malos tratos así como las ejecuciones extrajudiciales.
En ese sentido, Amnistía evidencia que en 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló 30 recomendaciones contra la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 más que en 2008.
"Las denuncias de graves violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos, mermaban la credibilidad de las iniciativas oficiales contra el aumento de la delincuencia.
"En Brasil, Jamaica, Colombia y México se acusó a las fuerzas de seguridad de perpetrar centenares de homicidios ilegítimos, a los que, en la gran mayoría de los casos, las autoridades trataban de restar importancia", señala el documento.
Amnistía cuestiona que pese a los abusos de los militares, México siga recibiendo una ayuda significativa de EU en materia de seguridad a través de la Iniciativa Mérida.
"Si aquellos que reciben el dinero, el equipo, no pueden proteger a la población que no tiene nada que ver en el conflicto, consideramos mejor no dar esa ayuda antes de tener esas garantías de protección", señaló Zúñiga.
El especialista indicó que cuando en un país como México, particulares matan a otros particulares en condiciones de un asesinato deliberado, puede haber actos similares por parte de agentes del Estado.
Finalmente, destaca elevados índices de violencia contra las mujeres, secuestro y otros abusos a migrantes, los frecuentes agravios contra periodistas y defensores de los derechos humanos y el acoso a las comunidades marginadas.
En su informe 2010, AI insta al Estado mexicano a terminar con la retórica y acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla en la década de los 70, que lo obliga a que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean juzgados por tribunales civiles.
INFORME 2010 DE AI
Asegura Gobernación que vela por garantías
La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que en el combate al crimen organizado, el Gobierno busca otorgar condiciones de seguridad, con políticas públicas con reformas legales, para velar por la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.
En respuesta al Informe de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos humanos en el mundo 2010, la Segob aseguró en un comunicado que las Fuerzas Armadas se capacitan permanentemente en materia de derechos humanos, equidad de género y regulación del uso de la fuerza.
Sobre la participación del Ejército contra la delincuencia organizada, resaltó que la iniciativa de Reforma aprobada por la Cámara de Senadores, que está a discusión en la Cámara de Diputados proporciona certeza jurídica a dichas tareas.
