El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, liberar de inmediato a seis mujeres encarceladas en ese estado por interrumpir sus embarazos.
A través de un punto de acuerdo el tricolor pidió libertad para Yolanda Martínez, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli Camargo, Liliana Moreno y Ana Rosa Padrón, condenadas y sentenciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco.
El trámite legislativo, presentado por los senadores Francisco Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, apunta que con ese supuesto delito se encubre la criminalización del aborto en ese estado gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN).
Los senadores del PRI explicaron que las seis mujeres cumplen sentencias de entre 25 y 29 años de cárcel por causas de aborto, las cuales fueron tipificadas como "homicidio en razón de parentesco", hecho que aumenta considerablemente las penas.
Arroyo Vieyra, senador por Guanajuato, indicó que estas mujeres fueron criminalizadas por el delito de "infanticidio".
El PRI señaló a través de un comunicado que se trata de un problema serio de simulación y alteración de la ley pues se ha utilizado dicha figura jurídica, que se da cuando la madre no auxilia al bebé a sobrevivir en los últimos meses del embarazo y alcanza penas de hasta 30 años.
La situación -indicaron los senadores del PRI- permite al Gobernador Juan Manuel Oliva sostener que en su estado "no existe ni una sola mujer presa por el delito de aborto".
Arroyo Vieyra destacó que en la mayoría de estos casos se trató de abortos involuntarios, lo que en realidad revela la poca eficacia en los servicios de salud de un gobierno, el cual cuestiona constantemente la autonomía de decisión de las mujeres sobre su vida, además son sometidas a una enorme presión desde las posturas más conservadoras e intolerantes de la sociedad.
La senadora García Quiroz dijo que según diversas organizaciones civiles que buscan proteger los derechos de la mujer, existen en Guanajuato 160 mujeres que enfrentan un proceso judicial desde el año 2000 por haberse practicado un aborto clandestino, sólo 14 de ellas tienen sentencia, mientras que otras han pasado hasta cinco años en prisión antes de ser liberadas bajo caución.
Las características de las sentencias de estos casos, provocaron la reacción de los más importantes organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al respecto, también pronunció el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), al afirmar que lo que sucede en esa entidad "es un problema gravísimo...de acceso a la justicia, de discriminación, de estereotipo; pues la mayoría de los casos son abortos o partos accidentales".
