La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) solicitó que se agilice una investigación por presuntos actos de corrupción y protección entre la empresa minera canadiense Blackfire y el alcalde de Chicomuselo, Julio César Velásquez Calderón.
La red, encabezada por el canadiense Rick Arnold, señaló que esa situación detonó en el asesinato del líder social Mariano Abarca Roblero, el 27 de noviembre de 2009 y en la suspensión de la explotación del mineral barita, aunque no se canceló la concesión a la empresa de Canadá.
'Como se ha documentado y publicado en la prensa, hasta ahora el edil ha recibido 239 mil pesos de manos de la empresa Blackfire, recursos disfrazados de donativos para la feria anual del pueblo de Chicomuselo, lo que salió a la luz pública en 2009', recordó.
La organización antiminera, cuya delegación estuvo en Chiapas en marzo pasado, sostiene que pese a que se presentaron copias de los depósitos bancarios del dinero que recibió Velásquez Calderón, no hay una investigación, expuso.
En Canadá, donde fueron presentadas las pruebas de los actos de corrupción entre la minera y el edil, siguen su curso las investigaciones, pero en México no pasa lo mismo, lamentó, y planteó que la empresa debe recibir un castigo por causar daño severo en otro país.
En un documento, la REMA señaló que desde enero de 2010 las autoridades del Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 'no han dado inicio a ningún procedimiento, para que por lo menos verifique la veracidad de dichos actos'.
La zona de la mina Payback, propiedad de Blackfire, es parecida a una cantera, tiene una extensión de unos 15 mil metros cuadrados y está dividida en dos áreas principales de extracción, además de que la vegetación boscosa fue removida para exponer las vetas de barita.
La mina está ubicada en una zona montañosa empinada y los integrantes de ejidos vecinos expresaron su preocupación por el riesgo de derrumbes y por el impacto ambiental, sobre todo respecto de los flujos y la calidad del agua.
La REMA afirmó que los residentes de Chicomuselo también expresaron su preocupación por nuevas grietas en los muros de sus casas, debido al tránsito de camiones cargados con material pétreo por las calles del pueblo.
No hay indicaciones visibles de que Blackfire tomara medidas preventivas para mitigar el riesgo en su mina a cielo abierto. El 7 de diciembre de 2009, la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda emitió una orden de clausura, poniendo fin temporal durante un periodo no definido a las actividades.
La compañía apeló la clausura en los tribunales civiles de Chiapas, sin embargo, la mayoría de las personas con las que la delegación se entrevistó en Chiapas planteó que deseaba que la compañía abandonara la zona de manera permanente.
En la actualidad, seis personas están presas, acusadas por el asesinato de Abarca Roblero, cuya familia considera que en última instancia es la compañía Blackfire la responsable de la violencia que siguió a la apertura de la mina y que culminó en la muerte de Mariano.
Su familia llamó a las autoridades a que intensifiquen las pesquisas y eviten que éstas se politicen aún más, por lo que Blackfire debe retirarse de Chicomuselo y de Chiapas.
Asimismo, para que la empresa presente una disculpa pública por los actos de intimidación realizados por sus empleados, con referencia especial al asesinato del activista ambiental, por el que varios empleados de la empresa fueron encarcelados, mientras otros siguen prófugos.
