El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidió hoy las autoridades españolas reconsiderar su decisión de abrir una causa legal contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
En un comunicado, la organización no gubernamental (ONG) consideró que si este proceso persiste, España estaría tomando un paso que tendría un gran impacto, que iría más allá del hecho de contravenir sus obligaciones internacionales.
'Constituiría un retroceso para la justicia internacional, y crearía un peligroso precedente en la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos en España y en otras partes del mundo', apuntó.
El pasado 7 de abril, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Español determinó iniciar un proceso judicial contra Garzón por el presunto delito de prevaricato.
Ello después que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes y desapariciones ocurridos durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), que dejó 114 mil desaparecidos durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.
El connotado juez tomó esta decisión por considerar que el delito de desaparición forzada no prescribe, sin embargo el magistrado instructor del Tribunal Supremo Español alega que ignoró la Ley de Amnistía de 1977, adoptada para esos delitos, al fin de la dictadura.
En su comunicado, el CEJIL consideró que las autoridades españolas 'no pueden criminalizar las acciones judiciales que, con fundamento jurídico en el derecho internacional, estén encaminadas a investigar crímenes de lesa humanidad'.
'Si bien jueces y fiscales deben aplicar la ley vigente interna, no pueden ignorar el derecho internacional y las obligaciones asumidas por el Estado español', precisó.
Recordó que la propia Constitución española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales, se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y convenios internacionales ratificados por España.
Agregó que la comunidad internacional reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la imposibilidad de que los mismos sean objeto de leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad, y el derecho a la verdad que asiste a los familiares de las víctimas.
'Con base en lo anterior, consideramos que la investigación iniciada por el juez Garzón para combatir la impunidad por crímenes de lesa humanidad y promover la búsqueda de la verdad para las víctimas afectadas, está sustentada en el derecho internacional', subrayó.
