El Congreso de la Unión aprobó solicitar al presidente Felipe Calderón que a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), difunda un registro exacto de los civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico.
El punto de acuerdo propuesto por la diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui, y avalado por unanimidad en la Comisión Permanente, plantea que ese registro se integre indicando edad, sexo y situación legal de las personas respecto a la comisión de delitos.
Se aprobó también solicitarle al gobierno federal la creación de un fondo nacional de indemnización contra daños patrimoniales y pérdida de vidas inocentes, para la reparación de los daños de la guerra contra las organizaciones criminales.