Arizona. En Arizona ya preparan manifestaciones contra la Ley 1070 que afecta a inmigrantes. EFE
A unas horas que venza el plazo para la aplicación de la Ley SB 1070 que criminaliza a los migrantes, activistas consideraron que es inminente su entrada en vigor aunque de manera parcial, luego de que no procedieron los recursos legales interpuestos en su contra.
Christian Ramírez, director del Comité de Servicios para los Amigos Americanos, adelantó que las expresiones xenofóbicas generadas por el solo anuncio de la propuesta se exacerbarán, y los más afectados, como siempre, serán los indocumentados.
Lo más seguro es que propuesta de la gobernadora de Arizona se aplicará de manera parcial, aunque no se ha definido cuáles componentes ni su impacto, pero ya existe toda una infraestructura instalada para su puesta en marcha, consideró.
Por ejemplo en la cárcel del condado de Maricopa se destinó un área especial para los migrantes que serán detenidos en el marco de las nuevas disposiciones, y en tanto se han intensificado las redadas y deportaciones contra indocumentados.
En entrevista por separado, el director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro, aseguró que Arizona dejó de ser la ruta más transitada para cruzar sin documentos a Estados Unidos, por temor de los indocumentados de ser detenidos y encarcelados.
El gobernador bajacaliforniano, José Guadalupe Osuna Millán, ha manifestado su rechazo a la Ley 1070 y convocó a la comunidad fronteriza a no cruzar a aquel estado ante el riesgo de sufrir malos tratos y ser discriminados.
Christian Ramírez adelantó que la resistencia civil es inminente ante la puesta en marcha de la Ley racista, como única alternativa para detenerla. Alertó que otros nueve estados del vecino país planean promover marcos legales similares, aprovechando la época electoral. Dijo que esperan que se den a conocer los componentes de la Ley Arizona que entrarán a vigor para definir las estrategias legales que interpondrán.
La Administración de Barak Obama interpuso un recurso legal contra el Gobierno de Janice Brewer por atribuirse poderes que no le corresponden al tratar de aplicar leyes migratorias que son exclusivas a la Federación.
