Piden apoyo. Señalan campesinos que la corrupción en el sector empieza en las secretarías de gobierno. EFE
Integrantes del Congreso Agrario Permanente exigieron al titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, detener la "política de terror y persecución" que realizan, a las organizaciones campesinas, las contralorías internas de las Secretarías de Agricultura, Reforma Agraria, Medio Ambiente y Desarrollo Social.
Señalaron que los secretarios de dichas dependencias "han hecho de los órganos de contraloría interna, con el argumento de que usted los nombra, órganos de persecución y amago de las actividades de las organizaciones campesinas por disentir se nos mandan fusilar a la Secretaría de Hacienda o a los órganos de control interno".
Durante una reunión de trabajo encabezada por el dirigente del CAP, José Luis González Aguilera, líderes campesinos denunciaron la complicada normatividad, excesiva burocracia y creciente corrupción que se existe en las dependencias federales vinculadas a la política social para acceder a los programas y sus recursos.
Vega Casillas aseguró que se mantiene la "tala regulatoria" ante la existencia de tanta "normatividad absurda" en las diversas secretarías del Gobierno Federal y anunció que se trabaja en un enfoque especial para los programas sociales vinculados al campo a fin de que exista un solo manual de normatividad, aunque con variantes, en todas las dependencias del sector para acceder a los proyectos productivos.
Adelantó que se realizará una verificación detallada de la entrega de recursos en el medio rural para evitar actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos pues es injusto quitar dinero a quienes menos tienen.
Los dirigentes campesinos coincidieron en que la Secretaría de la Función Pública debe estar cerca del sector social y trabajar conjuntamente con las organizaciones para atender las denuncias de discrecionalidad por parte de las dependencias federales al momento de interpretar o establecer sus propias normas para la aplicación de los programas sociales.
Ignacio Irys, secretario general de la CODUC, dijo que la excesiva normatividad de los programas sociales impide construir el Estado de Derecho y la gobernabilidad del país toda vez que se violentan derechos constitucionales como sucede con acciones como Fappa y Promusag donde no todos los campesino pueden acceder debido a sus Reglas de Operación y Normatividad.
Las dirigencias de CODUC y de la CCI solicitaron al titular de la Función Pública llevar a cabo talleres de difusión para promover el respeto a las leyes y procedimientos administrativos entre los funcionarios encargados de aplicar la política social en el país.
Hace un años, se desató un escándalo por el supuesto de desvío de recursos en Procampo.
La mayor parte de los productores aseguran que los apoyos no llegan completos.
