Descarrilada, a querer o no, la licitación de espectro radioeléctrico para telefonía móvil de las bandas 1.7 y 1.9 gigahertz ante los reclamos de inequidad de algunos de los participantes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se lanzan la bolita sobre la responsabilidad del desastre.
Mientras la primera le reclama a la segunda su pasividad frente al reclamo de refrendo de concesiones en puerta de empresas como Telcel, Iusacell, Unefon y Movistar, es decir la Telefónica México, ésta señala que la culpa es de la instancia reguladora, al no establecer el monto de la contraprestación correspondiente.
Como usted sabe, el eje del malestar de las firmas apunta justo a que se les limita la posibilidad de obtener una rebanada importante del pastel en juego por considerar que ya están demasiado gordas... sin certeza plena de que se conserven en su peso actual.
Dicho con todas las letras, ¿y qué tal si no se les renuevan las concesiones actuales?
De ahí, pues, la acusación de que las bases de licitación se integraron como traje a la medida de Televisa, quien llega virgen a la pelea, y de Nextel, cuya operación se cimenta en otra de las bandas de radiofrecuencia.
Digamos que se convoca a un banquete de 12 invitados con cubiertos y vasos sólo para dos.
Las concesiones cuyo refrendo se reclama, en el caso de Iusacell y Movistar, vencen antes de que se agote el plazo para declarar ganador de la licitación.
Las de Telcel lo hacen meses después.
El caso es que aceptados por el juez de la causa los amparos promovidos por Iusacell y Unefon, aunque rechazada la suspensión definitiva en el obtenido a su vez por la cadena MVS, el escándalo vuelve misión imposible aterrizar suavemente el proceso de otorgamiento de las nuevas concesiones.
De ahí el oficio del que le platicábamos la semana pasada, en que el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, le recrimina al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, el no agilizar el refrendo de las concesiones.
Las entrelíneas, pues, hablan de endilgarle la responsabilidad del fracaso.
En respuesta, la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández, sale al foro a señalar que la tardanza en el refrendo de la concesión es atribuible a la Cofetel, dado que no ha fijado los montos de la contraprestación económica que se fijará a los refredantes.
A mí que me esculquen, pues.
Lo cierto es que al margen de qué cabeza se quede en la picota, el pleito de comadres refleja una evidente falta de coordinación entre las instancias, que le mete más ruido a la de suyo difícil búsqueda de equilibrio en el mercado.
Lo que en el papel parecía la panacea para promover el sano desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, se ha convertido en un duelo de ambiciones donde cada cual le apuesta a un jugador en el mercado, a contrapelo de la exigencia de imparcialidad.
En el río revuelto, por ejemplo, la Cofetel debió recurrir a la Suprema Corte para impedir que se hiciera efectiva una reforma a la Ley Reglamentaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le abría la puerta a ésta para asumir facultades que por ley tenía la Cofetel en relación, justo, con las concesiones del espectro radioeléctrico.
Ahora que del otro lado de la mesa, dos ex funcionarios de la SCT, uno con rango de subsecretario de Comunicaciones y otro de director Jurídico, llevaron a pleito la validez del rechazo de la Comisión Permanente del Congreso a su nombramiento previo como integrantes del pleno de la Cofetel.
El juicio, en cuyo escenario se habló de que los que llegaron al relevo respondían a los intereses de las televisoras, como usted sabe, lo ganaron éstos, lo que les permitió integrarse al organismo, por más que en contraparte debieron renunciar a sus posiciones.
Naturalmente, la pregunta es para qué rayos existen dos instancias en la misma ruta, si transitan en sentido contrario. ¿O se trata sólo de aumentar la burocracia para enredar más a los gobernados?
Por lo pronto, el proceso empezó a caer en 'sospechosismo' cuando, en un insólito para los anales, la Cámara de Diputados avaló una modificación de ley para que quien participara en licitaciones del espectro radioeléctrico en la banda de 1.7 gigahertz pudiera aplazar dos años el pago de la contraprestación respectiva.
Ping-pong de Cofetel-SCT.
Quien está impugnando ya por la vía de los tribunales la reforma aprobada por el Congreso que obliga a las empresas que se acojan al régimen de consolidación fiscal a pagar los impuestos diferidos de cinco años hacia atrás, es Cementos Mexicanos.
La firma encabezada por Lorenzo Zambrano calcula que el importe de la medida afectará sus finanzas en 794 millones de dólares.
Anteriormente la cementera le había enviado un reporte a la Comisión de Valores de Estados Unidos en el que señalaba a la letra que "la nueva disposición viola la Constitución, y tenemos razones suficientes para impugnarla por esta vía".
El asunto, pues, escalará hasta la Suprema Corte de Justicia.
Naturalmente, aunque la empresa se constituye como la primera de la tarde en plantear su reclamo, se calcula que la avalancha alcance a unas 500 firmas en situación similar.
TODO EN FAMILIA
Como le anticipamos en este espacio, el consenso de la Comisión Federal de Competencia se inclinó hacia el visto bueno a la concentración de Carso Global y Telmex Internacional con América Móvil, la firma hemisférica del magnate Carlos Slim, en la lógica de que el escenario, de cara a la posibilidad de fincarle a ésta responsabilidades por prácticas monopólicas, se mantiene intacto.
Se trata, pues, de un acomodo de fichas de las acciones de Slim y sus familiares.
De hecho, la autorización coloca en un callejón más estrecho a la firma resultante, dado que tradicionalmente sus accionistas habían negado que hubiera relación alguna entre las compañías.
SS COMO EN PEMEX
De acuerdo a un escenario que plantea la Secretaría del Trabajo, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social se reforzaría con miembros independientes en calca del esquema adoptado por Petróleos Mexicanos.
La posibilidad, señala la exposición de motivos, le daría profesionalismo a la representación tripartita.
Ahora que de pasadita se terminaría con la presión que ejercen la Coparmex y la Concanaco para tener una silla nueva la primera, y una adicional la segunda.
La posibilidad es que tanto la Concanaco como la Concamín tengan un representante, dejándose los dos asientos restantes de ésta a los independientes.
Lo mismo pasaría en la representación obrera, quedándose las centrales más importantes con dos asientos.
La mesa, así, se llenaría con dos integrantes patronales, dos obreros, cuatro independientes y cuatro gubernamentales.
