Lo que es increíble es la noticia de ayer en el sentido de que una funcionaria de segundo nivel del gobierno norteamericano, la subsecretaria adjunta de Estado Roberta S. Jacobson, anuncie que en tanto México no dé pruebas de "un poco de más progresos en algunos asuntos de derechos humanos", queda suspendida la entrega a nuestro país del 15% de los fondos previstos para 2010 para la Iniciativa Mérida...Vamos a esperar el reporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" concluyó.
En el mensaje enviado al Congreso de Washington, Jacobson dice que "...los fondos que damos a México es dinero de los impuestos de nuestros ciudadanos y ellos nos piden que esos recursos sean utilizados según la Ley del Congreso y que estemos satisfechos por los trabajos del Presidente Calderón en sus esfuerzos para implementar las normas internacionales de derechos humanos..."
La inoportuna soberbia con que se nos dice que el trabajo del Presidente Calderón está sujeto a la evaluación que de él hagan los contribuyentes norteamericanos, coincide precisamente con el mismo día en que el Presidente envió a nuestro Congreso una iniciativa de modificación constitucional para concentrar bajo un mando unificado estatal las fuerzas policiales, dando así un paso histórico para reforzar mejor la lucha contra las mafias de narcotraficantes internacionalizadas que operan desde aquí.
Se responsabilizarán así a los gobernadores de la acción contra el narco remediando el que cada Estado le echa la culpa a la Federación de cualquiera deficiencia en esta lucha, y que además, los municipios sigan alegando su penuria para poder controlar a los grupos asesinos.
Mal momento en que los Estados Unidos mencionan los derechos humanos como pretexto para interrumpir el flujo de su colaboración económica a una lucha en la que ellos debieran ser los primeros interesados.
Si de derechos humanos se trata, más hemos demostrado en ellos los mexicanos emprendiendo la guerra contra los cárteles y las mafias que han desatado sus horrendas masacres y asesinatos a propios y a inocentes.
Cada vez que Calderón se refiere a la guerra contra la drogadicción y al narcotráfico se hace en términos no solamente para terminar con la ola de sangre sino para blindar a nuestra niñez y juventud contra el terrible mal de las adicciones.
Es respeto a los derechos humanos lo que más le ha faltado a las autoridades norteamericanas cuando una y otra vez confirmamos que arguyen derechos constitucionales para fomentar el mercado de armas y, en cuanto al consumo, alegan a los derechos individuales para legalizarlo. Y nada que decir del despreciable trato infrahumano que les dan a nuestros migrantes.
México se encuentra sujeto al escrutinio del donante. Se hace a un lado que es precisamente una cuestión de derechos humanos y la protección y blindaje de la vasta población de nuestros jóvenes por la que se ha emprendido la guerra que ensangrienta a México a diario.
Entre nosotros, mucho de lo que dice y hace en esta área adolece de los consabidos tintes políticos que buscan por todos los medios debilitar la acción gubernamental en su tarea de procurar el indispensable orden en el complejísimo proceso de desarrollo equitativo.
Quien en México sienta la humillación que se nos pretende infligir al sujetar la cooperación material y económica de Estados Unidos a la aprobación de organismos de derechos humanos, debe considerar mejor que más cabe la humillación a los Estados Unidos que tan poco han hecho en términos reales para acabar con la corrupción administrativa interna que favorece el comercio que hacen las mafias en comparación con la titánica guerra que nosotros estamos librando en nuestro territorio.
Es irresponsable la falta de voluntad de las autoridades norteamericanas de frenar el consumo de todo tipo de narcóticos y el tráfico de armas que por miles venden a las mafias.
Si nos pusiéramos a hacer cuentas de lo que el vicio y la corrupción en Estados Unidos nos han infligido, en realidad la aportación norteamericana al Plan Mérida es una ínfima fracción, comparándolo con los astronómicos daños económicos y morales y cuya compensación, por parte de ese país, donde todo se tasa en moneda, será incalculable.
Los norteamericanos, que ahora resultan tan delicados en derechos humanos, no podrían jamás tasar las violaciones que en México han originado precisamente en este ámbito.
Juliofelipefaesler@yahoo.com
