Supongo que Eduardo Sojo, director del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi, contestará que es católico cuando le pregunte por su religión el responsable de levantar el censo de población en su barrio. Panista y guanajuatense, lo último que hubiera esperado este fiel hijo de la Iglesia es que un miembro de la alta jerarquía pusiera en cuestión su trabajo como si lo hubiera realizado un masón o un rojo, empeñado en disminuir el peso del catolicismo en nuestro país. Pero eso hizo el cardenal Norberto Rivera Carrera, quizá el miembro del gobierno eclesiástico más presente en la discusión pública en nuestro país, no necesariamente por asuntos propios de su ministerio sacerdotal.
Más que pastor, que acaso lo sea en las parroquias del Distrito Federal, el arzobispo primado de México es una figura política. Subraya ese aspecto de su personalidad de muchas maneras, dos de las cuales le permiten estar en la agenda pública cada semana. Se trata de la conferencia de prensa que ofrece después de la misa dominical en Catedral y del semanario Desde la Fe, que se refiere a la realidad mundana, además de contener información sobre la arquidiócesis. En sus encuentros con los periodistas el cardenal Rivera Carrera no tiene tema aborrecido. A toda pregunta, contesta, aunque no concierna ni tangencialmente a su cardenalato y ni siquiera a la porción del pueblo de Dios que le corresponde apacentar. Su periódico es fuente de polémica con más frecuencia de la inusitada. Se diría que un estado de tensión, enteramente opuesto al nirvana y al estado de gracia, es el preferido por el prelado duranguense para la vertiente política de su encargo.
Desde su periódico, Rivera Carrera amenazó el domingo pasado con boicotear el inminente levantamiento del censo de población y vivienda. Su formato le insatisfizo y de allí extrajo una consecuencia belicosa. Estuvo lejos de la actitud de cien académicos, miembros del CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) una de las más reputadas instituciones académicas de nuestro país que con toda oportunidad, en diciembre pasado formularon un importante reproche al INEGI por deficiencias de su cuestionario. Estaban preocupados por la eliminación de variables necesarias para el análisis sociodemográfico y el diseño y evaluación de políticas públicas
"La supresión de variables tan importantes como la religión, la lengua indígena hablada, el estado civil, la discapacidad, entre otras, significaría la pérdida de información muy valiosa para el conocimiento profundo de la sociedad mexicana y la elaboración de políticas públicas acordes con su complejidad", dijeron los científicos sociales. Y razonaron: "Uno de los principales problemas que atraviesa el país es la desigualdad social. Ésta no sólo depende de los índices de pobreza, sino también de los factores culturales que operan como clasificadores de la exclusión social. ¿Cómo diseñar políticas lingüísticas y de bienestar social hacia los pueblos indígenas si desconocemos el número de hablantes de lengua indígena? De la misma manera, al suprimirse la pregunta relativa a la religión, ¿cómo medir los cambios ocurridos en el campo religioso mexicano en la última década? ¿Cómo atender el principal problema del país que es la desigualdad, si no contamos con las variables que demarcan la discriminación?"
Los académicos demandaron que el cuestionario del censo que está ahora por levantarse incluyera las mismas variables contenidas en el censo de hace diez años, "siendo esta la condición sine qua non, para medir los cambios transcurridos en la sociedad mexicana a lo largo de su última década y contar con una fotografía precisa y multidimensional de su actual composición . En caso de que decidiera eliminar variables, sería un grave retroceso para el censo".
El prudente llamado de atención de los miembros del CIESAS, y observaciones procedentes de otros centros fueron procesadas adecuadamente porque se presentaron con oportunidad.
En cambio, el embate del arzobispado de México ocurrió a una semana del levantamiento del censo. El boicot anunciado no implicaba sólo rehusar la presencia de los encuestadores sino la más general pretensión de que los "fieles no participen en un ejercicio que a todas luces responden perversos e inconfesables", como evidentemente lo son, yo pongo el nombre, los del ex asesor principal en materia económica del presidente Fox y gigantesco secretario de Economía en el comienzo de esta administración (el adjetivo resulta del cotejo entre aquellos años y el presente.
La gran conspiración denunciada por Rivera Carrera a través de sus voceros tiene el propósito de complicar el modo en que se cuente a los católicos, como resultado de lo cual el censo registrará menos fieles de ese credo que los que realmente sostienen ese credo. Inventar un pretexto tan pueril ha de tener la intención de atribuir a una anomalía no técnica sino política el fenómeno insoslayable de que el porcentaje de los católicos es menor en cada medición censal.
Por fortuna, la bravuconada de la arquidiócesis capitalina se quedó en fuego fatuo. La Conferencia Episcopal no se asoció a la amenaza de Rivera Carrera. Y una explicación del INEGI terminó por desarmarlo. El cardenal debería mejor concentrarse en sus labores pastorales, que incluyen responder al pedido de refugio que le han presentado mujeres electricistas en huelga de hambre, a quienes simplemente oyó y no ha respondido.
