La inseguridad pública que azota a prácticamente todo el territorio nacional ha relegado a segundo plano temas no menos importantes, como el relacionado al deterioro de la situación económica de la mayoría de la población. Pese a los ingentes recursos destinados para el combate a la pobreza por los tres niveles de Gobierno, informes de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) muestran que la pobreza en vez de disminuir, se ha incrementado. Esta situación pone en evidencia la ineficiencia de los programas sociales e, incluso, hace levantar sospechas sobre la utilización de los mismos con fines distintos a los establecidos. Un caso que puede ilustrar lo anterior es el del estado de Coahuila.
La semana pasada el coordinador del Programa Oportunidades de la Sedesol en esta entidad, Alfredo Hernández Zamora, declaró que en los últimos tres años la pobreza en Coahuila se ha duplicado. El funcionario federal informó que en 2007 tenían registradas a 38 mil familias en el padrón de Oportunidades, cifra que en 2010 aumentó a 66 mil. Según los cálculos de Hernández Zamora, en el estado de un 20 a 25 por ciento de la población vive en extrema pobreza. Incluso, mencionó que al padrón de beneficiarios se han integrado familias de colonias que antes no eran consideradas y citó como ejemplo el caso de Las Alamedas, en la ciudad de Torreón. El coordinador de Oportunidades atribuyó el incremento de la pobreza al alto nivel de desempleo registrado en Coahuila.
Y es que esta entidad ha sido una de las más golpeadas por la crisis económica, lo cual se refleja en los datos que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geaografía (Inegi). De acuerdo con la ENOE, Coahuila se ubicó en el primer trimestre de 2010 en el segundo lugar nacional de desocupación con un 7.94 por ciento, sólo superado por el 8.66 por ciento de Chihuahua. Incluso, la tasa de desocupación en Coahuila se encuentra 2.61 puntos porcentuales por encima del indicador nacional. Según la encuesta, el total de personas desocupadas en la entidad era de 89 mil 642 en el periodo antes referido, por arriba de entidades con mayor población total, como Baja California.
Y aunque el fenómeno de la falta de trabajo tiene en gran parte su origen en una situación externa, como lo es la crisis de la economía mundial, los gobiernos, de los tres niveles, no pueden escapar de la parte de responsabilidad que les toca. En este sentido, las estrategias para el fomento económico y atracción de inversiones han dejado mucho a desear, sobre todo en La Laguna, en donde la sequía de nuevo capital ha sido una constante en los últimos cuatro años. Ahí está el abandono en el que los gobiernos estatal y municipal tienen a los parques industriales de Torreón. El desempleo, pues, ha venido a agravar el problema de la pobreza.
Ahora bien, a simple vista podría resultar extraño que no obstante la enorme cantidad de recursos que se invierte en el combate a la pobreza, ésta no haga sino aumentar año con año. Una investigación publicada recientemente por el diario Reforma ofrece algunas pistas que aclaran el panorama sobre el fracaso de esta "lucha". El estudio arroja que para el presente año el Gobierno Federal y los gobiernos de 14 estados en donde se celebrarán elecciones el próximo 4 de julio disponen de 217 mil millones de pesos para operar programas sociales, dicha cantidad representa un 10 por ciento más del gasto social ejercido en las mismas entidades en 2009. El problema es que un buen número de programas, sobre todo los operados por los gobiernos estatales y municipales, carece de reglas de operación, mecanismos de evaluación y padrón de beneficiarios, o en caso de contar con este último, no lo hacen público. Todo esto propicia el uso discrecional de los recursos.
En Coahuila, el Gobierno del Estado, encabezado por Humberto Moreira Valdés, ha sido severamente cuestionado por la aplicación del programa "Monedero de la Gente", que hoy se conoce como "Tarjeta del Hogar". El "monedero" comenzó a operar desde marzo de 2009, año en el que se renovaron los 38 ayuntamientos de Coahuila y el Congreso local. El apoyo consistía en otorgar a través de una tarjeta plástica 200 pesos al mes, utilizables para la compra de artículos de primera necesidad o el pago de servicios. El problema fue que nunca se publicaron los resultados del suspuesto estudio socioeconómico elaborado para crear el padrón de beneficiarios. Con total opacidad y en medio de críticas del Partido Acción Nacional, se realizó la repartición del "monedero". Luego de las elecciones de octubre pasado, el problema estalló. En enero salieron a la luz pública anomalías en el programa social, que consistían en la duplicidad del apoyo para varias familias. Ante este hecho, el gobernador hizo cambios en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y anunció la sustitución del "Monedero de la Gente" por la "Tarjeta del Hogar", programa que, al igual que su antecesor, ha sido operado bajo la misma falta de transparencia.
En el caso de la administración municipal, encabezada por Eduardo Olmos Castro, en los seis meses de gobierno el trabajo en materia de desarrollo social ha sido prácticamente nulo, puesto que la dirección responsable se encuentra aún a la espera del arribo de recursos procedentes del programa estatal "Mano con Mano". La total subordinación mostrada por la Alcaldía de Olmos hacia el gobernador ha paralizado al Municipio hasta en la asistencia social.
Mientras no existan estrategias integrales bien definidas y total transparencia en su ejecución para evitar el uso indebido del gasto social, el combate a la pobreza seguirá siendo una causa perdida y excusa perfecta para engrosar las filas de las clientelas electorales.
