Urge que funcionarios, legisladores, jueces y dirigentes muestren poder. Acreditar lo que representan y, por ello, servir a la ciudadanía.
A lo largo del año y salvo excepciones, esas figuras mostraron no poder. O, peor aún, sucumbir ante el poder criminal, el corporativista (gremial o empresarial) o el político-caciquil. Pudieron más esos poderes, que los de la Unión... y, en ese derrumbe, la ciudadanía sufrió más de un agravio.
Si esa élite no acredita poder, el concurso electoral será un contrasentido: angostará la democracia y debilitará más el Estado de Derecho. Si no se manda esa señal, la política, el derecho y la justicia harán crisis, quizá, poco después de las elecciones de julio.
Los Poderes de la Unión y los partidos no acaban de entender cuánto trabajo -sino es que vidas- costará salir del callejón por donde se internan. Por ello, deben emprender pequeñas, pero contundentes acciones para restablecer lo que presumiblemente son: poderes formalmente constituidos, amparados por la ciudadanía y al servicio de ella.
***
Contra el hundimiento del país en la modorra política, el letargo económico y la inconformidad social, estos últimos meses resultaban clave.
Ese lapso daba un reducido, pero valioso margen de maniobra para concretar las promesas hechas en septiembre por el Gobierno, por la nueva legislatura ante la exigencia de construir una democracia más eficaz y menos costosa, por los jueces para rehabilitar el Estado de Derecho infestado de impunidad.
Algo hicieron, pero fue más lo que dejaron de hacer. No pudieron. Y eso acrecienta la oportunidad de los poderes fácticos, criminales o no, para vulnerar el Estado y corromper la política.
***
Ahora las elecciones estatales se aproximan, y, por la atmósfera política y criminal prevaleciente, el peligro de la inestabilidad amenaza. Ante ello, sin pompa ni ceremonia, los poderes formales deben concretar acciones tendientes a ensanchar la democracia y fortalecer el Estado de Derecho. Demostrar poder.
Esas acciones, de entrada, deben realizarse sin spots ni discursos desechables. Su anuncio reporta beneficios efímeros, pero termina por documentar su fracaso.
Salir del anuncio de los buenos propósitos sin resultados, así como administrar con mayor rigor apariciones y declaraciones de los titulares de los Poderes de la Unión, reduciría al menos el ruido que sólo fastidia.
***
En el ámbito judicial, los ministros pueden resolver cuando menos un asunto: el caso de la Guardería ABC.
En breve esa tragedia cumplirá un año. Con todo derecho y razón, los padres de los niños muertos se movilizarán y, en vez de actuar al ritmo del reclamo, los ministros pueden atender el caso. Ahí hay una acción posible.
Además, vía el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial puede elaborar la lista de jueces tocados por el crimen, la corrupción, la doblez o la negligencia. Llamar a capítulo a uno que otro juez proclive a mantener abierta la puerta de la impunidad. Sería oxígeno en una atmósfera de asfixia. Después de haber liberado a Alberta Alcántara y Teresa González, no puede ser que el impartidor de injusticia Rodolfo Pedraza Longi, despache como si su brutal descalificación nada significara. Esas dos pequeñas acciones mostrarían Poder Judicial.
***
Los legisladores, en vez de asumirse sólo como parlamentarios, pueden tomar dos o tres iniciativas de la reforma política y atender el reclamo ciudadano puesto en evidencia por los anulistas.
Mostrar poder para negociar, acordar, legislar, dictaminar y aprobar leyes vendría hasta en su beneficio. De esa reforma hay propuestas susceptibles de acuerdo, es preciso trabajarlas rápidamente y convocar, este mes, a un periodo extraordinario. Mostrar Poder Legislativo, auténtica representación ciudadana.
La actual legislatura, en particular los diputados, consumió su primer tercio repartiéndose comisiones, intentando gobernarse y obsequiando, a medias, reclamos del Poder Ejecutivo. Desoyeron el clamor ciudadano. Pueden reponer algo de credibilidad en la política y en el Legislativo.
***
La creciente debilidad del Poder Ejecutivo exige al Gobierno examinar su circunstancia y actuar rápidamente para reposicionarse. Si, como es previsible, su partido sale electoralmente mal librado en julio y no actúa ahora, su situación será difícil de sostener.
Entre esas acciones puede revisar cuántos presos de conciencia tiene, determinar con prontitud el estado de su proceso y desistirse de la acción penal u otorgar el perdón. Mantener en prisión a quienes nunca debieron llegar o no pedir disculpas a quienes se acusó indebidamente no habla de fortaleza. Exhibe soberbia, desprecio por la legalidad y los derechos humanos.
En contraste debe revisar qué casos de manifiesta impunidad arrastra, medie o no un proceso judicial, y actuar en consecuencia. Hay casos grandes y chicos.
Grande: la permanencia de Juan Molinar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mientras la Corte no resuelva el caso de la Guardería ABC. Mostrar indiferencia frente a la gravísima acusación preliminar hecha sobre Juan Molinar es inconcebible. Separar del cargo al funcionario es una decisión difícil, pero lamentablemente necesaria.
Chico: la permanencia del delegado de la misma secretaría en Nuevo León, Zeferino Salgado. La evidencia pública de su pésima conducta como munícipe de San Nicolás de Los Garza es inocultable. Sostenerlo no muestra decisión sino autoritarismo.
En cuanto al combate al crimen, a la chita callando el Gobierno ajusta su estrategia original, rechina los dientes antes de aceptar el fracaso de aquélla. La capacidad de reflexionar, de reconocer errores en vez de regatear disculpas y, sobre todo, de rectificar, no debilita, fortalece. La asunción de ese giro y el nombramiento de un responsable con poder y autoridad para coordinar las instituciones involucradas daría otra oportunidad a esa lucha, donde la ciudadanía cuando no se siente ajena, se ve amenazada o es víctima.
Esas acciones serían insuficientes, pero mandarían la señal de que sí hay Poder Ejecutivo, comprometido con la ciudadanía y cerca de ella.
***
Falta espacio para abordar a los partidos, pero es evidente la disculpa que deben al electorado. No pusieron su poder al servicio de la ciudadanía, se sirvieron del poder de la ciudadanía.
Hay unos cuantos días para mandar la señal de que las instituciones sí pueden y sirven, de demostrar que -pese a los otros poderes que desafían al Estado- los Poderes de la Unión sí son tales y responden a la ciudadanía que se deben.
