"Se dice que el poder corrompe, pero la verdad más bien es que el poder atrae a los corrompibles."
David Brin
Detrás del disfraz de una Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente, el Congreso de Baja California Sur prepara, a instancias del gobernador Narciso Agúndez, un proyecto que dejaría casi toda la economía del estado en manos del gobernador. Los poderes que Agúndez se está otorgando a sí mismo y a sus sucesores serían un sueño cumplido hasta para un Hugo Chávez. Se espera que la nueva ley sea aprobada hoy por un Congreso obediente a las órdenes del gobernador.
Muchos grupos de la sociedad sudcaliforniana se oponen a esta nueva ley, la cual le permite al gobernador fijar de manera discrecional --a través de una facultad para formular, conducir, establecer, expedir, evaluar y diseñar la política ambiental-- el posible desarrollo del estado.
La nueva ley le otorga al Ejecutivo la capacidad de decidir qué proyectos económicos pueden realizarse y cuáles no en Baja California Sur. Tendrá para ello el apoyo de una Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología que no será, sin embargo, más que un brazo de ejecución del gobernador. Un Consejo Consultivo ayudará al gobernador a tomar sus decisiones, pero para evitar problemas o cuestionamientos los miembros serán designados por el propio gobernador.
La nueva ley le da a la Secretaría de Planeación la facultad de proteger "áreas, zonas, sitios o elementos de valor escénico y de paisaje". No hay criterios claros para determinar qué acciones o actividades se prohibirán para proteger estos elementos escénicos o paisajes. Al final la ley le da facultades virtualmente discrecionales al gobierno para tomar estas decisiones. La definición del uso de suelo de una localidad, por lo pronto, quedará a cargo del Gobierno del Estado.
La legislación federal ya establece una lista de actividades riesgosas que son objeto de una reglamentación especial. La nueva ley le permitirá al Gobierno del Estado definir como riesgosas otras actividades y crear sus propios patrones de registro.
Cualquier obra que se realice en el estado de Baja California Sur deberá ser precedida por una manifestación de impacto ambiental. Las pruebas y estudios correrán a cargo del solicitante. Esto constituye una ampliación enorme de la burocracia para la actividad económica del estado.
En el peor de los casos, esta nueva ley impedirá el desarrollo en el estado de Baja California Sur. Esto se traducirá en mayor desempleo y pobreza en un estado que sufre ya una gran marginación.
En el mejor de los casos, los poderes discrecionales del gobierno se traducirán en una mayor corrupción. Es posible que sí se lleven a cabo nuevas inversiones, pero éstas serán más caras, porque habrá que añadir el costo de la nueva burocracia y de las "gratificaciones" que habrá que dar a los funcionarios públicos para que autoricen cualquier obra.
Afortunadamente Narciso Agúndez no puede eternizarse en el Gobierno del Estado como lo ha hecho Hugo Chávez en Venezuela. Pero su visión del rumbo que debe tomar el desarrollo del país no es muy distinta de la de Chávez o la de Kim Jong-il, el dictador de Corea del norte. Como ellos, Agúndez piensa que él mismo, o quien quiera que sea gobernador, sabe más que el mercado o que los ciudadanos para definir el rumbo del desarrollo del estado.
En este sistema de planificación ya no sólo central sino personal no se busca fundamentar en los preceptos de Marx o Lenin, sino en los principios de un ecologismo dogmático. Al final, sin embargo, los resultados serán los mismos.
La muerte del ortopedista Alberto Betancourt, un médico muy respetado en Ciudad Juárez, ha despertado nuevamente la desesperación de los juarenses. Todos los testimonios señalan que era un hombre de primera. Otro médico se encuentra secuestrado. Ya nadie se atreve a ofrecer esa explicación fácil -y falsa-que decía que toda víctima estaba necesariamente coludida con la delincuencia.
Www.sergiosarmiento.com
