Lo que revela la insubordinación de 248 policías federales en Ciudad Juárez, que el sábado anterior denunciaron al comandante del Tercer Agrupamiento, Salomón Alarcón y a tres mandos medios, es que algo está muy mal en la institución policial "insignia" de la Administración del presidente Felipe Calderón. Cuatro de siete comandantes comisionados en Ciudad Juárez fueron separados de sus cargos para ser investigados por la PGR, pero este hecho fue precedido por denuncias de corrupción, abuso de autoridad y extorsiones a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional.
En los últimos años, ante la descomposición que exhibían las corporaciones policiales de todos los niveles, se hicieron esfuerzos mayúsculos para construir un nuevo modelo policial: la Policía Federal Preventiva (PFP) nació el 4 de enero de 1999 con enormes recursos públicos y un propósito: constituir la simiente de una Policía ejemplar. Ante el universo delictivo que envolvía al país -decía la exposición de motivos- se requería de un enfoque integral que permitiera contar con sistemas para procesar información y con estrategias más eficaces contra el delito; el nuevo sistema acreditaría "una elevada eficiencia y honorabilidad" de sus integrantes.
Su primera intervención: la desocupación el 6 de febrero de 2000 de Ciudad Universitaria de los vándalos del Consejo General de Huelga (CGH), que la habían secuestrado por nueve meses, acreditó su profesionalismo. Pero no duró mucho el gusto. Los linchamientos de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, el 23 de noviembre de 2004, exhibieron el prematuro desgaste de la corporación, no sólo por su incapacidad para actuar con oportunidad y eficacia para salvarle la vida a sus integrantes, sino por el déficit profesional: los errores en la cadena de mando que llevaron a ese trágico desenlace.
Con la alternancia en la Presidencia del año 2000 las ocurrencias de los "súper gerentes" se tradujeron en disparates administrativos. La Secretaría de Gobernación fue mutilada en una de sus funciones torales, para crear una Secretaría de Estado responsable de la seguridad pública que incluyó a la flamante Policía Federal Preventiva (PFP).
El propio titular de la nueva dependencia, Alejandro Gertz, denunció graves irregularidades de funcionarios de la PFP en la Administración del presidente Zedillo y asumió personalmente la función de comisionado.
En la Administración del presidente Calderón, ante el desgaste de las agencias policiales federales, se gestó un nuevo modelo que requirió una reforma constitucional (al Artículo 21) y la promulgación de una Ley de la Policía Federal en la que se establece: "Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de prevención y combate de los delitos le competen a la Policía Federal, los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
En Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del país, el despliegue de la Policía Federal -cinco mil elementos, sofisticados recursos tecnológicos y el traslado al campo de batalla del comisionado Facundo Rosas- no ha logrado recuperar la tranquilidad de la población.
Por todo lo que se ha depositado en esa amplia operación, el fracaso de la Policía Federal en Ciudad Juárez sería un severo descalabro para la estrategia consentida del Gobierno Federal, a la que ha empeñado todo o casi todo: enormes recursos, iniciativas legislativas, apoyo presidencial contra viento y marea. Pero, más que eso, sería un golpe muy fuerte para una sociedad urgida de respuestas ante una inseguridad que la lastima: no sólo del narcotráfico, sino del secuestro, la extorsión...
¿Qué está ocurriendo con los sistemas de control de confianza para el ingreso, la permanencia y el ascenso de sus integrantes? ¿Estos son los policías con vocación de servicio, comprometidos con la comunidad, sin adicciones, sin vínculos delictivos que se propuso el nuevo modelo? ¿Es que no tenemos remedio?
La Policía Federal es, hasta ahora, la única alternativa para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de Seguridad Pública está obligada a actuar con rapidez y pulcritud ante las denuncias que involucran a mandos en Ciudad Juárez y otros puntos del territorio nacional. Es mucho lo que está en juego.
