"No me da coraje. Le dejo
Todo a Dios. Ojalá que
Él los perdone".
Teresa González
Al final los cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia echaron para atrás por unanimidad las sentencias contra las ñañús (otomíes) Alberta Alcántara y Teresa González. El fallo era tan obvio que los ministros no tuvieron siquiera que discutir el dictamen de la ministra Olga Sánchez Cordero.
Los mexicanos podemos celebrar la justa liberación de estas mujeres, así como la de Jacinta Francisco hace unos meses, pero no podemos cerrar los ojos al problema de fondo. La Procuraduría General de la República promovió acusaciones falsas que recibieron el apoyo del juez cuarto de distrito de Querétaro, quien dictó sentencias de 21 años por secuestros que no se cometieron.
En el caso de Alberta se presentó también una acusación por posesión de 400 gramos de cocaína en su puesto comercial. Los acusadores no se tomaron la molestia de averiguar que la mujer trabajaba en una fábrica de pantalones y no tenía ningún puesto de venta.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la defensa de las acusadas hasta lograr su liberación. Pero una vez más el sistema de justicia de nuestro país ha quedado en entredicho por su predisposición a inventar culpables. No podemos dejar de preguntarnos cuántos miles de personas más hay en las cárceles por acusaciones falsas, sin esperanza de alcanzar la libertad, ya que sus casos no han sido asumidos por organizaciones no gubernamentales o por los medios de comunicación.
No descarto que el 26 de febrero de 2006, cuando se llevó a cabo el operativo de la AFI en el tianguis de Santiago Mezquititlán, se haya cometido algún agravio en contra de los seis agentes de la AFI que posteriormente presentarían las denuncias. Al parecer los tianguistas los hicieron refugiarse en una base de policía. Los propios agentes declararon que la multitud era encabezada por una güera, pecosa y de pelo corto. Pero ninguna de las indígenas detenidas por el delito de secuestro correspondía a esa descripción. Por otra parte, al parecer el operativo se realizó con la prepotencia a la que nos han acostumbrado las autoridades mexicanas.
Pero aun si alguna indígena güera y pecosa se hubiera atrevido a oponer resistencia ante los AFIs, nunca hubo un secuestro. Lo más probable, de hecho, es que tampoco hubiera venta de droga. Si realmente se hubiera encontrado cocaína en el operativo, las detenciones de las tres mujeres no se habrían realizado cuatro meses después. Por otra parte, es absurdo pensar que la cocaína no pudo ser nunca presentada ante el juez por haberse consumido en las pruebas periciales. Lo que sorprende, más bien, es que un juez haya sentenciado a estas mujeres sin más pruebas que unos testimonios contradictorios de los AFIs, quienes ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo para señalar en qué lugar estuvieron secuestrados.
Lo lógico sería que estas indígenas liberadas mostraran hoy un ánimo de venganza ante quienes las secuestraron durante tres años y ocho meses. Teresa, quien fue sentenciada con ocho meses de embarazo y tuvo a una niña en la cárcel, me dijo ayer que, por el contrario, ruega a Dios que perdone a los acusadores. Pero añade una reflexión inescapable en nuestro país: "Los que deberían estar adentro no están, y los que están adentro es porque son pobres".
En su libro
(Banco Mundial y Mayol Ediciones), Emiliana Vega y Lucrecia Santibáñez señalan que el mayor apoyo a los niños en educación y cuidados debe dárseles desde el nacimiento hasta los seis años. Al ingresar a la primaria, los daños causados por la malnutrición, la falta de estimulación temprana o la ausencia de educación podrían ser ya irreversibles. México ha hecho avances importantes para apoyar a los niños en edad preescolar, pero sigue teniendo índices de rezago inaceptables para un país de subdesarrollo relativo.
