El Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que los funcionarios involucrados en el acuerdo firmado por los líderes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) están sujetos a penalidades que van desde la inhabilitación hasta su destitución por haber intervenido en asuntos electorales que la Constitución les prohíbe.
Tras una reunión privada entre el líder nacional perredista Jesús Ortega y la representación de su partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE), el organismo político sostuvo que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, pueden ser sancionados.
Afirmó que eventualmente el IFE puede dar vista al presidente Felipe Calderón, a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al Congreso del estado de México y a la contraloría mexiquense para que eventualmente estos destituyan a los funcionarios involucrados.
El partido del sol azteca dejó claro que mantendrá "la presión ante las instancias responsables" de analizar la denuncia interpuesta por el frente político Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), a fin de los funcionarios sean castigados.
A su salida del encuentro, el representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández Estrada, afirmó que acciones como las de los funcionarios en torno al pacto firmado por la priísta Beatriz Paredes y el panista César Nava ya fueron tipificadas después de las quejas que se presentaron en la elección 2009.
Explicó que se tipificaron esas acciones cuando autoridades de los tres niveles de gobierno, fueron acusadas de intervenir en los procesos electorales más que por actos de campaña, o por asuntos de publicidad en radio y televisión.
El perredista explicó que, una vez presentada la denuncia en la que se acusa a estos funcionarios de haber participado en un acuerdo secreto para impedir las alianzas electorales entre partidos políticos nacionales, se determinará el procedimiento a seguir, y planteó que lo más seguro es que sea el ordinario, "porque permite una mayor exhaustividad en las investigaciones".
Dijo que el caso será turnado a la Comisión de Quejas del IFE (integrada por tres Consejeros), para desahogar e integrar el proyecto de dictamen y emplazar a los denunciados para que -en un periodo definido-respondan a las acusaciones que se les imputan.
Posteriormente -detalló- el expediente es enviado al Consejo General del IFE, quien da la resolución definitiva.
El representante del PRD ante el IFE dijo que el Instituto que encabeza Leonardo Valdés puede señalar responsables, y una vez que haga esto, las sanciones que correspondan, como amonestación pública y, en el caso de sanciones graves, dar vista al superior jerárquico para que aplique el castigo.
Comentó que "el IFE, en muchas ocasiones, se ha negado a aplicar directamente sanciones a los funcionarios públicos, por lo que -en la mayoría de los procesos- ha turnado la responsabilidad a los superiores jerárquicos que, en el caso del Secretario Gómez Mont, pueden ser el presidente Felipe Calderón o la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (si se hubiesen usado recursos públicos indebidamente), para determinar la inhabilitación o la destitución en el cargo.
Por lo que corresponde al gobernador Peña Nieto, el IFE tendría que recurrir a la Legislatura local, que puede decretar la inhabilitación, suspensión e incluso, destitución, de acuerdo como lo prevé la Constitución del Estado de México.
En tanto que al Secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava -cuyo superior jerárquico es el gobernador Peña, también involucrado en este proceso- se puede dar vista a la Contraloría del estado, que es un órgano independiente de la Legislatura y del Ejecutivo mexiquense, para que lo sancione.
Rafael Hernández concretó que lo que se pretende con esta denuncia, es sentar precedente para que no vuelvan a darse ese tipo de prácticas violatorias de la Constitución y que no quedan impunes.
