El gobierno de Estados Unidos comparte la preocupación expresada por México en torno a una ley del estado de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, manifestó hoy el Departamento de Estado.
'Compartimos esa preocupación, pero al final la solución a esto es una reforma nacional de inmigración', dijo el vocero del Departamento estadunidense de Estado, Philip Crowley.
La reforma migratoria 'es más un asunto nacional que un asunto internacional' que debe responder la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Interna, señaló el vocero, aunque reconoció que el tema es un 'asunto significativo' para México y el resto de América.
El asunto de inmigración surge 'en cualquier conversación bilateral que tenemos con muchos países en la región', sostuvo Crowley sobre las peticiones de varios presidentes latinoamericanos para la legalización de millones de inmigrantes indocumentados.
Expresó que la administración del presidente Barack Obama 'quiere avances en la reforma migratoria' y recordó que en varias oportunidades la secretaria de Estado, Hillary Clinton, también se ha pronunciado en el mismo sentido.
El asunto 'se ha convertido en una prioridad', indicó Crowley, quien reiteró la petición del gobierno para que el Congreso 'apruebe una reforma migratoria' que resuelva 'muchos de estos asuntos'.
En un comunicado reciente, la embajada de México expresó su 'gran preocupación' por los efectos negativos que tendrá la ley de Arizona en los derechos civiles de los mexicanos en Estados Unidos, así como en los lazos comerciales y curmirales entre ambos países.
La legación informó que seguirá brindando la asistencia y protección que requieran los mexicanos, a través de su red consular, para garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales, independientemente de su estatus migratorio.
La ley de Arizona, que en caso de ser promulgada por la gobernadora Brewer entraría en vigor 90 días después, penaliza la presencia de indocumentados y permite a la policía aplicar la ley federal de inmigración.
