El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y varios países miembros expresaron hoy su preocupación por la reciente aprobación de una ley antiinmigrante en Arizona que criminaliza la inmigración indocumentada.
'Este es un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos de las Américas, comenzando por los ciudadanos de Estados Unidos, país que tiene una tradición riquísima de inmigración y de respeto por los migrantes que han buscado una vida mejor', dijo Insulza.
Durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), embajadores de los países miembros expresaron también su rechazo e inconformidad por la ley antiinmigrante de Arizona.
Esa legislación, que ha sido calificada por activistas como discriminatoria y racista, criminaliza a la inmigración ilegal y autoriza a la policía local detener a personas sospechosas de ser indocumentados.
La movilización transfronteriza representa uno de los grandes retos para Estados Unidos, que recibe alrededor del 80 por ciento de los migrantes del hemisferio, indicó Insulza, quien alertó sobre la posibilidad de que se genere un ambiente de discriminación en Arizona.
'La rica tradición que todos admiramos, de reconocimiento del inmigrante Estados Unidos ha sufrido un daño, un menoscabo', lamentó el secretario general de la OEA.
Reconoció, por otro lado, el esfuerzo del gobierno estadunidense de legislar sobre esta materia 'de una manera constructiva reconociendo el aporte positivo de los inmigrantes'.
'Este ha sido un momento doloroso, difícil para todos, y es por eso que reconocemos y saludamos con energía la forma como el gobierno del presidente Barack Obama ha reaccionado frente a este hecho', puntualizó.
'Por nuestra parte, vamos a hacer seguimiento y nos esforzaremos por actuar siempre con la mayor unidad de criterio, porque creo que todos los aquí presentes compartimos los problemas que esta legislación crea', subrayó.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó también su 'profunda preocupación' por la nueva ley de Arizona, debido al alto riesgo de discriminación racial en su aplicación y la criminalización de la presencia de indocumentados.
La CIDH exhortó a las autoridades de Estados Unidos a buscar los mecanismos adecuados para modificar esa legislación aprobada en Arizona a fin de adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los inmigrantes.
