La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su presidente Alejandro Aguirre, expresó su preocupación por la intención del gobierno de Argentina de "controlar a los medios independientes".
Calificó varias acciones oficiales perpetradas en las últimas semanas, como "una escalada peligrosa en contra de la libertad de expresión que afecta a todos los ciudadanos" de ese país.
En entrevistas publicadas este lunes por los diarios argentinos La Nación y Clarín, en las que admite que la SIP está considerando el envío de una misión a la Argentina, Aguirre, dijo que "el gobierno está buscando la forma de controlar a los medios independientes del país con el propósito de ganar una contienda política".
A través de un comunicado, la SIP añadió que esa interferencia afectará a todos los argentinos, no solo los medios, ya que tendrán menos fuentes, medios y canales para recibir o enviar información.
La reacción del presidente de la SIP se da a colación de un informe que presentará mañana martes la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, sobre la empresa Papel Prensa, principal compañía productora del país de papel periódico, que tiene entre sus accionistas a Grupo Clarín, diario La Nación y al Estado con participación minoritaria.
El informe presidencial, según trascendió, versará sobre la presunta ilegalidad de la compra de la empresa, ocurrida durante la dictadura militar.
La crítica de Aguirre al gobierno argentino también tiene que ver con una serie de acciones que se han tomado contra varios medios y periodistas, principalmente contra el Grupo Clarín.
Aguirre hizo alusión a la caducidad de la licencia de Fibertel, proveedora de servicios de Internet del grupo mencionado, diciendo que lamenta que el gobierno utilice "todas las medidas y las herramientas políticas a su disposición para intentar convertirse en el árbitro de lo que se informa".
La SIP ha emitido varios pronunciamientos de preocupación sobre Argentina, así como debatido al respecto en sus asambleas semestrales, particularmente en torno a la escalada gubernamental contra la libertad de prensa.
Entre las acusaciones están, según informó la SIP, discriminación en el manejo de la publicidad oficial, falta de acceso a la información pública, agresiones verbales en contra de medios y periodistas, así como aspectos "perniciosos" en la nueva ley de prensa o Ley de Servicios Audiovisuales.
Una reciente resolución del gobierno estableció el retiro de la licencia a Fibertel, que deberá dejar de operar en 90 días, "con lo que se verían afectados más de un millón de suscriptores".
El gobierno alegó, dijo la SIP, que la empresa de Clarín, que estableció el servicio de Internet hace 13 años, "incumplió la ley nacional" y estaba usando la licencia de manera ilegal, tras fusionarse con la empresa Cablevisión en 2002, en un operativo que "nunca fue aprobado por el Estado Nacional".
Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, con sede en Miami, añadió que "vemos la situación con mucha preocupación, no sólo por los resultados de la disputa del gobierno contra los medios de comunicación críticos e independientes, sino también por el modo en el que pueda sufrir la libertad de prensa por intereses políticos y la falta de tolerancia, afectando el derecho de los ciudadanos a tener diversidad informativa".
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
