México se encamina en 2011 a limitar operaciones en efectivo realizadas por contadores públicos, abogados, profesionales inmobiliarios y joyeros, para combatir el "lavado" de dinero. Medidas similares se han tomado en Colombia, Costa Rica o Canadá.
Las limitantes implicarían que las operaciones superiores a 10 mil pesos tendrán que realizarse en forma electrónica o vía cheque con identificación de quienes las realizan y de la procedencia del dinero que involucren, según se dice en un documento de Egmont, el organismo que aglutina a las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo.
Documentos de Egmont Capítulo México señalan que dos iniciativas de Ley serán presentadas ante el Congreso el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre.
Una la Ley para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, y la otra es la Ley de la Comisión Nacional de Inteligencia Financiera. Ambas regularían el uso de efectivo para obligar a bancarizar operaciones de cierta cuantía en ramos susceptibles al blanqueo de dinero o de financiamiento al crimen organizado.
Entre las actividades a regular están las financieras a las que ya las limita la aplicación del Impuesto a Depósitos en Efectivo y la limitante a depósitos en dólares en efectivo.
Alejandro Lozano Curiel, directivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, dijo que con las nuevas leyes, las acciones alcanzarán a organismos de índole no financiera.
Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, dijo que los legisladores apoyarán estas medidas porque urge moderar las operaciones en efectivo de actividades susceptibles de contribuir al "lavado" de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya presentó un bosquejo a los diputados para bancarizar la mayor parte de las operaciones en México y con ello combatir el blanqueo de dinero que en su mayor parte proviene de operaciones en efectivo.
