El diputado priísta Jaime Sánchez Vélez propuso, a través de un punto de acuerdo, que los ex presidentes de México se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México, "privilegiando de preferencia a las que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional".
En un comunicado, el diputado definió que la propuesta establece que las actividades se realizarían recién terminadas sus administraciones, de tiempo completo, por seis años y sin ningún pago, salvo el que se encuentre dentro del rubro de pensiones a ex presidentes.
Terminados los seis años, deberán continuar con sus actividades en horarios y horas que ellos decidan y que la institución o instituciones, públicas o privadas nacionales, les permitan, por tres años.
Luego, podrán trabajar o colaborar para empresas o instituciones privadas mexicanas o extranjeras, dentro y fuera del país y concluidos los nueve años y si los ex presidentes generan recursos propios, se reducirá en un 60% su pensión.
También se disminuirá en un 60% el apoyo de personal y de seguridad, y se suspenderán sus seguros de gastos médicos mayores, de vida y sus derechos a la seguridad social continuarán de manera vitalicia.
De no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que pueda participar como conferencista, panelista o alguna otra actividad que no requiera título profesional, pero que siempre se circunscriba en beneficio de la educación, la sociedad y del desarrollo nacional.
En caso de que el ex presidente llegue a fallecer, su cónyuge recibirá una pensión equivalente al 60% y se reducirá en 80% el apoyo de personal y de seguridad. En caso de muerte del cónyuge, la pensión beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad. La prestación será suspendida si el cónyuge contrae nuevo matrimonio.
"La intención de esta proposición es hacer cumplir a los ex presidentes su agradecimiento al pueblo mexicano a través de la educación y de la enseñanza durante los primeros nueve años terminada su gestión, además de reducir los recursos económicos, humanos y materiales que se les destinan, respetando sus derechos de seguridad social", puntualizó.
