Los coordinadores del PRI en el Congreso, Manlio Fabio Beltrones y Francisco Rojas, acordaron ayer dar prioridad a un paquete de ocho reformas en materia de economía y agenda social, que incluye la rápida aprobación de las denominadas acciones colectivas.
En una carta enviada por el líder de los senadores a su homólogo en San Lázaro, se explica que la intención es que la Ley permita la creación de instituciones procesales para la defensa, protección y representación jurídica colectiva de los derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo social.
Sobre todo, señala, cuando se rebase la esfera individual del ejercicio de garantías. "Los coordinadores convinieron hoy procesar con la mayor rapidez posible un conjunto de leyes y medidas reglamentarias que benefician la economía familiar, defienden a los ciudadanos frente a los efectos de la crisis económica y modernicen los servicios vitales para la población", señalaron en el documento.
Tras agradecer la disposición de los diputados para trabajar de manera coordinada, Beltrones recordó que las Acciones Colectivas representan una reforma de vanguardia que reconoce a la sociedad su derecho de expresar demandas, de manera conjunta.
Las otras siete reformas son las relacionadas con prohibir el cobro de cuotas en las escuelas públicas, castigar como fraude cuando no se cumpla con la venta de "litros de a litro" en las gasolineras y la exención de pago a los usuarios de peaje, cuando las carreteras se encuentren en mal estado.
En materia de servicios médicos, los doctores deberán proporcionar alternativas terapéuticas a los pacientes, mientras que en el caso de la pornografía infantil, se establecerán sanciones penales por almacenamiento, con fines de distribución o comercialización.
También se informó que los priistas insistirán en que se concrete, en la Cámara de Diputados las reformas integrales en materia de Ley de Amparo y las que otorgan mayores facultades al Banco de México para regular las tasas de interés y las comisiones bancarias para disminuir el costo de los servicios financieros que pagan los usuarios.
"Se trata, en resumen, de proteger con la Ley, aquello que desde otros ámbitos no se ha querido o podido proteger", agregó Beltrones.
