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Un juez federal abrió un proceso penal por narcotráfico y lavado de dinero al candidato izquierdista al gobierno del estado sureño de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, informó el martes el Consejo de la Judicatura.
Sánchez, también alcalde con licencia del balneario turístico de Cancún, será procesado además por el delito de delincuencia organizada en el primer caso de un candidato que es detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Judicatura, el órgano que supervisa a los juzgados federales, informó en un comunicado que el juez resolvió el martes iniciar el proceso.
Sánchez fue detenido la semana pasado bajo señalamientos de lavado de dinero y vínculos con los carteles de los hermanos Beltrán Leyva y los Zetas, y de inmediato el principal partido político que lo postuló al gobierno de Quintana Roo afirmó que se trataba de una maniobra política.
La ley señala que cuando una persona es sometida a un proceso penal pierde sus derechos políticos, por lo que Sánchez ya no podrá ser votado en las próximas elecciones del 4 de julio.
Sánchez permanecerá recluido en un penal federal del estado occidental de Nayarit y aún tiene la posibilidad de apelar el caso.
El político era postulado por los partidos izquierdistas de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia, los cuales no habían emitido ningún comentario.
El PRD ha calificado su captura como una maniobra política para impedirle que gane el gobierno de Quintana Roo, un estado fronterizo con Belice y que por años ha sido señalado como zona de operación de carteles de las drogas.
El gobierno ha negado cualquier motivación política.
La investigación sobre el candidato comenzó en enero debido a una denuncia anónima y luego se fortaleció con declaraciones de testigos protegidos y de una notificación de la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda que reportó depósitos de grandes cantidades de dinero en sus cuentas.
Tras su detención, la PGR informó que el propio candidato fue notificado el 3 de mayo de que había acusaciones en su contra y que tuvo tiempo para justificar sus ingresos, aunque finalmente no lo hizo y la Procuraduría tuvo que solicitar su detención.
Según la Procuraduría, el candidato había reportado ingresos por 1,53 millones de dólares, aunque realizó retiros por más de 2,4 millones de dólares.
