MÉXICO, DF.- Cuarenta y cinco de los principales programas federales del área de desarrollo social presentan fallas y debilidades según los resultados que arrojaron auditorías realizadas entre 2006 y 2009 por instituciones de educación superior, públicas y privadas, a solicitud del Gobierno.
Procampo, Alianza para el Campo, Proárbol, Primer Empleo, Apoyo y Fomento al Empleo, Productividad, Enciclomedia, Desayunos Escolares, Fondo Apoyo a Pymes, IMSS Oportunidades, Fonart, Vivienda Rural, Escuelas de Calidad y el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros, fueron los programas sometidos a revisión.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública (SEP), algunas de las escuelas auditoras son: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
De acuerdo con el informe, se repite constantemente la ausencia de mecanismos de medición que permitan conocer si las acciones que se realizan son efectivas; la inexistencia o inexactitud de cifras de población objetivo limita la focalización de subsidios e incluso hay carencia de diagnósticos previos sobre determinada problemática, con el fin de contar con un panorama completo que permita eficacia en la planeación.
De acuerdo con las conclusiones, las instituciones encargadas de las auditorías consideran que es necesario realizar evaluaciones de impacto y de seguimiento de beneficiarios con metodologías rigurosas para contar con elementos sólidos que permitan medir su desempeño y, en algunos casos, sugieren que se evalúe la conveniencia de mantener o suprimir programas.
Los resultados de las evaluaciones que el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Liconsa, presentará en los próximos días, involucra entidades públicas como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) , Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) y Financiera Rural, entre las más importantes.
DUPLICIDAD DE APOYOS El documento, que sintetiza los principales resultados, establece, por ejemplo, que en el Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural, el cual cuenta con un presupuesto de 5 mil 654 millones de pesos, existe la posibilidad de que se "pudieran generar duplicidades entre los apoyos que otorga y los de Financiera Rural".
En el informe eluden emitir un juicio en el caso del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme), al que se destinan aproximadamente 5 mil 890 millones de pesos, porque "carece de estudios que midan de manera rigurosa y adecuada la generación de empleos y la competitividad de las empresas apoyadas".
En el caso de Procampo, que dispone de 15 mil 601 millones de pesos, los auditores externos (que no se enlistan), sugieren modificaciones a su fin, propósito, actividades e indicadores, a fin de que haya una mayor claridad respecto a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Los programas destinados a becas para Realizar Estudios de Posgrado y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cuyo presupuesto asciende a 2 mil 402 millones de pesos, los cuales coordina el Conacyt, carecen de evaluaciones externas de impacto o de seguimiento de beneficiarios y de información suficiente sobre la cobertura de la población objetivo y potencial.
En el caso del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, de Conavi, es criticable la inexistencia de un diagnóstico actualizado y especializado con la problemática detectada que sustente la razón de ser del programa.
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MMDP
Se disponen en el programa social de Procampo.
MMDP
Es el presupuesto del Sistema de Investigación.
