Propuesta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Distrito Federal porpuso realizar cambios para terminar con los abusos y la clandestinidad de los migrantes.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) propuso elaborar una reforma migratoria que termine con la clandestinidad del recorrido de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.
En un comunicado indicó que la condición de ilegalidad con que se internan las personas provenientes de países latinoamericanos los pone en permanente vulnerabilidad, no sólo de acciones delictivas perpetradas por miembros de las organizaciones criminales.
También, apuntó, están en situación de vulnerabilidad por la omisión del gobierno para cumplir con su papel de garante y protector para con los más débiles e indefensos.
'En diversos momentos nuestros hermanos centroamericanos que han cruzado fronteras han sido sujetos de secuestro, tortura, trata y otros delitos, como lo demuestra la suerte que corrieron los 72 migrantes masacrados en Tamaulipas', indicó. En este contexto, lo mismo que ante el reciente presunto secuestro de migrantes centroamericanos y mexicanos, la CDHDF manifestó su solidaridad con las familias y los gobiernos de sus respectivos países en su demanda de investigación por parte del gobierno mexicano.
La reiterada ocurrencia de hechos como ésos, dijo, pone en evidencia el alto grado de vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos en el país, en su tránsito hacia Estados Unidos, quienes tienen el único propósito de buscar su sobrevivencia y una vida digna para sus familias, lo cual es difícil obtener en sus comunidades de origen.
De esta forma, el gobierno mexicano tiene la obligación de prevenir cualquier acto que ponga en peligro la vida e integridad de todas las personas migrantes, así como las de sus familiares que viajan con ellos. Por ello, cuando se ha cometido un delito contra las personas migrantes, sea cual sea su condición, el gobierno mexicano tiene la obligación de realizar todos los esfuerzos a su alcance para hacer cesar el delito, investigar los hechos y proteger a las víctimas, tal como lo demandan los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Denuncian abusos a migrantes
Jorge García, de 21 años, fue deportado hace un mes a Tijuana, Baja California, pero ya ha sido detenido en varias ocasiones por policías municipales que lo acusan de vagancia.
Afirma que ya perdió la cuenta de las ocasiones en que ha sido enviado a la estancia municipal de infractores, donde ha tenido que pasar de 24 a 36 horas porque no tiene dinero para pagar las "multas" que le imponen. La primera vez que lo arrestaron apenas había cruzado la Puerta México cuando agentes municipales lo interceptaron para cuestionarle lo que hacía en la zona. Cuando les explicó que acababa de ser deportado y mostró un documento, los policías a quienes no identifica rompieron el papel y le advirtieron que "esto aquí no sirve".
La denuncia de Jorge García es la misma que hacen cientos de migrantes que caen en manos de agentes, dijo el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro, quien acusó que los jueces calificadores también son responsables de estos atropellos. Cuestionó que no aplican el criterio y sólo escuchan lo que dicen los policías, y por ello los migrantes pagan las consecuencias.
