Las comisiones de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos del Senado estudian la posibilidad de emitir un decreto para limitar a tres años la presencia de las fuerzas armadas en labores que corresponden a autoridades civiles, como la lucha contra la delincuencia organizada.
"El periodo de participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en tareas de seguridad pública no podrá exceder de tres años contados a partir de la expedición del presente decreto.
"En dicho periodo, la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de colaboración con instituciones de seguridad pública federales y locales, deberá guiarse por el respeto irrestricto a las garantías individuales y a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales ratificados por México", señala.
Ese mismo plazo deberá ser empleado por las autoridades civiles para formar la fuerza policial especializada que sustituya a las fuerzas castrenses.
El objetivo del decreto es liberar paulatinamente al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina de la responsabilidad de preservar la seguridad pública en el país.
Por otro lado, los senadores valoran la posibilidad de obligar a que el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales asuman el compromiso de impulsar las acciones para fortalecer, profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública a su cargo y combatir la corrupción que padecen algunos de ellos.
La propuesta plantea la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento del Congreso de la Unión sobre la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en Tareas de Seguridad Pública.
