C Uarenta y nueve niños muertos en un infierno terrenal. Más de cien con lesiones graves que marcan su vida. La dimensión de la tragedia no cabe en palabras. Un año de investigaciones y alegatos y nadie es formalmente responsable. ¿Con qué cara puede alguien mirar hoy a los ojos de los padres de familia y decir que se ha hecho todo lo posible? ¿Qué argumentos pueden ser válidos frente a la justa indignación y el dolor sin fin de esos padres que exigen ver los rostros de los responsables y la sanción de la ley sobre ellos? En el trayecto han aparecido las corruptelas e irregularidades, la negligencia institucional. Pero las instituciones no van tras las rejas y la furia exige castigo.
Es fácil montarse sobre la furia y pretender ser justiciero. Qué mejor que apuntar hasta arriba: Molinar, Karam, Bours. Si lo que se busca es mostrar culpables simbólicos para descargar la furia, pues ya los tienen. Dos de ellos podrían dejar sus puestos. La sanción comunitaria sobre el tercero se mostró en las urnas. Los señalamientos políticos aluden a un mínimo de dignidad, pero la dignidad se vuelve etérea. Sin embargo, la cadena de evidencias no está allí. Si la exigencia es justicia, si lo que se busca es que el caso de la guardería ABC sea un punto de inflexión en la vida institucional de los mexicanos, entonces tenemos que controlar el coraje y encarar con frialdad los hechos. En el Estado mexicano, en sus tres órdenes de Gobierno, la responsabilidad es inexistente. Así de grave es el asunto. Esa es la pista que no debemos perder.
En la desesperación se acudió, una vez más, a esa contrahechura jurídica que es la capacidad de investigación de nuestro máximo tribunal. El ministro Arturo Zaldívar ha presentado una ponencia arrojada que alude a la gravedad de los hechos (innegable) y a la insuficiencia de los medios ordinarios. "En suma, la Suprema Corte entrará allí donde las autoridades e instituciones han fallado". Esa es la discusión de fondo, se trata de otro parche, un parche popular que sería muy bienvenido, pero al fin y al cabo un parche.
Vamos desde abajo, el Artículo 97 constitucional convierte en investigador extraordinario y emergente a una instancia que está allí para decir justicia. Caso único en el mundo, por eso el Senado plantea trasladar esa facultad a la CNDH. En esas funciones de investigación, para las cuales no está hecha, la SCJN suple lo que no se hizo en la procuraduría estatal y en la federal. ¿Y por qué no operan como deben las procuradurías? Una vez más aparece el perverso vínculo entre los ejecutivos, estatales y el federal y las fiscalías. Ese es el nudo institucional, sin independencia de las fiscalías no hay justicia.
Pero allí no termina la deformación. Como las procuradurías no investigan a los que debieran por el corrupto vínculo político que da origen a la designación de sus titulares, como inciden en la omisión sistemática, terminamos sin indiciados, sin juicios, sin sentencias, sin nadie procesado sobre quien recaigan las consecuencias de ley. Ante ese brutal vacío de justicia, ante la omnipresente impunidad que ahoga a la ciudadanía, parece fabulosa la facultad de investigación de la SCJN.
Pero la contrahechura jurídica es además bastante frustrante pues en caso de un pronunciamiento condenatorio por parte de la Corte de todas formas éste no tendrá fuerza vinculatoria, será una sanción moral y así lo acepta el ministro Zaldívar. Las consecuencias estarán "en el terreno de ética y la legitimidad democrática". Hasta allí nos lleva la deformidad jurídica, a que la SCJN emita sanciones morales. No está para eso.
Ya basta de sanciones morales, la responsabilidad de los servidores públicos remite asuntos muy concretos. Bajo qué criterios se otorgan las subrogaciones. ¿Hubo irregularidades sí o no? ¿Se cumplieron los requerimientos o no se cumplieron? ¿Quiénes eran los encargados de supervisar las condiciones de seguridad de las guarderías, eran municipales, estatales o federales o de los tres niveles? Si hubo irregularidades en las contrataciones, en la supervisión o en la operación de los planteles, por qué no investigaron las procuradurías. Ese es el eje de la corruptela y la impunidad. ¿Cómo es que las investigaciones no llegaron a ninguna parte? ¿Se puede establecer que el entonces gobernador o el presidente desviaron o impidieron las investigaciones para proteger a alguien? ¿Dónde están las cadenas de evidencia que conducen a Molinar, Karam y Bours? Porque si no las pueden establecer lo que se está erigiendo es un muy ineficiente patíbulo público típico de las eras de terror.
Más allá de las buenas intenciones, de los pronunciamientos de avanzada, de lo políticamente correcto, de las condenas morales, de la puerta falsa del 97, la exigencia es justicia. Si las normas son blandas que se modifiquen, si no se aplicaron que se presente a los responsables de la omisiones si las hubo. La exigencia es justicia llana y plena. Que la tragedia sirva de algo.
