La obra que reemplazará al Distribuidor Vial Revolución (DVR) ya está terminada, pero las fallas en la construcción del primer complejo de puentes, que costaron 250 millones de pesos, han quedado sin castigo.
En mayo de 2006 un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León estableció que las fallas en la obra la volvían insegura y recomendó su demolición. En mayo de 2007 se cerró el DVR y los puentes fueron demolidos en junio de 2008.
Pero hasta ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha consignado a ningún responsable por la construcción o supervisión de la obra.
El viernes será inaugurado el Sistema Vial Revolución, que conectará la carretera Torreón-Matamoros con el Periférico y la carretera a Mieleras.
La FGE no ha tomado acción jurídica contra las empresas Acolsa, constructora del DVR, y Cordina, supervisora de la obra.
Ambas fueron señaladas como responsables de errores y omisiones en los estudios que determinaron fallas en los viaductos y que causaron tres accidentes, cobrando la vida de dos personas.
La única sanción ha sido la inhabilitación como funcionario público de Manuel Gómez Parra, ex director de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas en el Gobierno de Enrique Martínez.
El titular de la secretaría en ese sexenio, Jorge Viesca, fue exonerado de cualquier responsabilidad.
El secretario de la Función Pública, Ismael Ramos, dijo que la responsabilidad de su dependencia terminó con la sanción a Gómez Parra y que el proceso debe seguirse en la Fiscalía.
La construcción del DVR costó 180 millones de pesos y la Administración de Martínez gastó otros 30 millones en reforzar columnas y viaductos. La actual Administración gastó 40 millones en tirarlo.
El nuevo sistema vial costó 160 millones de pesos.
A pesar del daño al erario público, la investigación permanece estancada. La última acción legal tomada por el Gobierno del Estado fue consignar el proceso ante un juez. También se sacaron muestras de concreto de distintas partes del DVR antes de que la obra fuera demolida. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio de la Ciudad de México, que no ha regresado un dictamen.
El secretario de Gobierno, Armando Luna, justificó el retraso al señalar que son "pruebas muy complejas".
Luna rechazó que haya "carpetazo" y dijo que la investigación continúa y esperan tener resultados pronto.
