Las seis mujeres recluidas en el estado de Guanajuato acusadas del delito de homicidio en razón de parentesco podrían obtener su libertad en los próximos días, informó el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez.
Luego de participar en Nezahualcóyotl en un foro para promover las fiestas del Bicentenario que se realizarán en Guanajuato, el panista Oliva Ramírez reiteró la negación sobre que dichas mujeres estén recluidas por motivo de aborto. Las seis enfrentan sentencias de 25 años de prisión, pues están acusadas de asesinar a sus hijos.
Agregó que la legislación penal de Guanajuato sanciona con 25 a 30 años de prisión el delito de homicidio en grado de parentesco, por lo que su Gobierno propuso al Congreso local reducir la penalidad entre tres y ocho años de prisión.
"Aplicando los criterios jurídicos del estado, las mujeres que hoy tienen esta pena por el delito de homicidio en grado de parentesco pudieran salir libres, si el Congreso del estado aprueba las reformas de ley", afirmó.
Oliva Ramírez añadió que tal propuesta fue planteada por su Gobierno debido a la recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG).
Mencionó que dictámenes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la propia PDHG establecen que en Guanajuato "no hay criminalización de las mujeres", por lo que rechazó que su Gobierno persiga a las féminas que decidan abortar.
Reiteró la importancia de que las citadas reformas sean aprobadas para que las mujeres actualmente recluidas en Guanajuato por ese delito puedan salir en libertad.
En días pasados, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) recomendó al Congreso de la entidad una reforma al Código Penal para reducir el castigo por homicidio en razón de parentesco, con lo que las seis mujeres presas por ese delito podrían salir libres, según el ombudsman de la entidad Gustavo Rodríguez Junquera.
En los Ceresos de Guanajuato y Valle de Santiago las reclusas María Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha compurgan penas de 25 a 29 años por ese delito, aunque organizaciones civiles sostienen que sufrieron un aborto espontáneo.
