Perfilada una declaratoria de constitucionalidad de la Suprema Corte al reglamento expedido por el presidente Felipe Calderón que le abre las puertas a los llamados contratos incentivados o integrales, diseñados por Petróleos Mexicanos para explotar campos maduros, lo cierto es que la experiencia internacional en la materia ha sido desastrosa.
De hecho, en un artículo publicado hace unas semanas por el Oxford Energy Forum ("La renegociación de contratos petroleros") bajo la firma de un reconocido experto en el tema, George Kahale III, se califica al esquema de "receta para el desastre".
El texto aborda tres experiencias en Venezuela, Bolivia y Kazajstán, en que los gobiernos debieron meter la reversa ante la gravedad de los daños causados a los países... por más que los contratos de la discordia se pactaron a 50 años.
De acuerdo al esquema planteado, en el caso de México las firmas nacionales o extranjeras que se integren al marco tendrían un lapso de entre 20 y 30 años para operar, cubriéndoseles 75% de sus costos operativos, además de un porcentaje por barril de petróleo extraído.
El esquema, como usted sabe, fue impugnado por la Cámara de Diputados vía una Controversia Constitucional, aduciendo que el reglamento expedido por el Ejecutivo caminaba más allá del entorno definido por la reforma energética aprobada por el Congreso.
El caso es que adoptado éste por Kazajstán para explotar su campo Kashagan, ubicado como el yacimiento más grande del planeta descubierto en las últimas tres décadas, en este caso otorgándole al contratista el 80% de sus costos de producción, además de un porcentaje equivalente al ¡90%! del petróleo extraído, bajo el concepto "Petróleo por utilidad" (Profit Oil), el resultado convocó a una catástrofe.
Hete aquí que los costos totales del proyecto se incrementaron en más de 100 mil millones de dólares, y la producción, programada originalmente para comenzar en 2005 o 2006, ahora resulta que llegará hasta el 2012.
Dicho con todas las letras, el Gobierno debió pagar sin alcanzar un centavo de usufructo de su riqueza petrolera, por más que la cosecha que ofreció llegar a 10% de la producción, en la práctica sólo alcanzaría el dos.
"No obstante la teoría de que estas disposiciones contractuales de recuperación de costos reflejan una clásica alineación de intereses -señala letra por letra el artículo de Kahale III-, la experiencia demuestra que esta estructura es a menudo una receta para el desastre, y eso fue precisamente lo que sucedió en Kashagan".
Naturalmente, al final del día el contrato debió renegociarse bajo un parámetro en que la petrolera estatal dobló su participación en el proyecto; se planteó una nueva participación precautoria en la producción bruta con mano para el gobierno, y se adoptaron nuevos mecanismos de control de costos y de programación de trabajos para evitar futuros incrementos y retrasos.
Ahora que en el ejemplo de Bolivia los contratistas, en este caso en materia de extracción de gas natural, habían llegado en el 2005 a un escenario que amenazaba ruina para la nación andina. Estamos hablando de una tajada equivalente a 82% de la producción de los yacimientos gigantes, lo que implicaba una regalía al país de sólo 18%.
A quién le importa si sus inversiones en materia extractiva se habían recuperado muchos años atrás.
Bajo ese panorama, el Gobierno debió expedir una nueva Ley de Hidrocarburos que establecía un impuesto del 32% sobre el valor bruto de los hidrocarburos, en paralelo a la regalía de 18%.
Más aún, se estableció un periodo de seis meses para la migración de todos los contratos existentes a esquemas aceptados por la nueva Ley, lo que fue desacatado.
En la encrucijada, el nuevo régimen encabezado por Evo Morales decretó una nueva nacionalización de la industria, otorgando otro periodo de seis meses para la migración a los nuevos contratos, exigiéndose, en calidad de mientras, una participación a la empresa estatal de 32%.
Al final del día se seguiría el esquema en que los contratistas reciben un pago por sus servicios.
En el caso de Venezuela, el Gobierno permitiría pian pianito, la migración de convenios de servicios operativos, a soslayo de la Ley que le reserva al Estado la extracción y explotación de petróleo, a contratos de 20 años, cuya remuneración estaba basada en el volumen y valor de la producción.
Bajo el esquema, mientras los contratistas recibían el 50% del valor de éste, la compañía estatal perdía dinero por cada barril de petróleo producido.
Desde otro ángulo, los contratistas, alegando que sólo eran proveedores de servicios, pagaban una tasa del Impuesto sobre la Renta de 34%, frente al 50 aplicable a los productores de petróleo.
En el callejón, otra vez, el Gobierno reclamó la migración de los convenios operativos a una nueva estructura de empresa mixta, transfiriendo 30 de los 32 contratos vigentes a un esquema en que deben cubrir el 33.3% por concepto de "regalías y ventajas especiales", además, naturalmente, del 50% de gravamen por renta.
Como lee usted, Pemex quiere caminar por la misma ruta.
BALANCE GENERAL
Colocado en ruta para arrebatarle más destinos a Mexicana en el incierto, aun, de su eventual regreso, Aeroméxico está negociando con su plantilla de pilotos un incremento de productividad individual, cuyo incentivo sería un bono.
La condición, naturalmente, es incrementar las horas de vuelo.
La promesa habla de que en caso de haber reparto de utilidades el estímulo se pagaría neto. De lo contrario, éste se pagaría completo.
Del otro lado de la moneda, la firma encabezada por José Luis Barraza y dirigida por Andrés Conesa, les pide aceptar en los siguientes tres años que los incrementos salariales se indexen a la inflación.
En paralelo, se modificaría el Contrato Colectivo de Trabajo para los pilotos de nuevo ingreso, aun cuando se mantendrían los tabuladores de salarios.
La compañía jura haber invertido 500 millones de dólares desde su reprivatización realizada en octubre de 2007.
¿CARTAS MARCADAS?
Curioso, por endilgarle un calificativo, que mientras desde un ángulo se asegura que el amarrado para ocupar la vacante en la vicegobernatura del Banco de México que dejará este mes Guillermo Güemez, es el director general de Banobras, Alonso García Tamez, por otro la subsecretaria de Industria y Comercio de Economía, Lorenza Martínez, se coloca para sí la medalla.
De hecho, la funcionaria ya le anunció a sus colaboradores que a partir del año próximo despacha en el bunker de 5 de Mayo.
Más aún, se acaba de disculpar con un grupo de industriales de no atender sus reclamos, por estar empacando.
La pregunta es si desde las alturas lanzan al viento las dos cartas.
GANÓ SVETIA Finalmente el Premio Nacional de Innovación Tecnológica Alimentaria que se otorga a las firmas que ofrecen los mejores productos para mejorar la salud y la alimentación de la población, fue para el endulzante sin calorías Svetia, fabricado por la empresa Metco.
El favorito sentimental era la firma fabricante de las tortillas Susalia, elaboradas con harina de nopal y fibras naturales de la raíz de achicoría, además de insulina de agave que estimula la flora intestinal.
En la terna competía también la fabricante de leche Lala, con su producto Lala Vital.
