El diario peruano El Comercio reclamó hoy una solución integral que erradique, de una vez por todas, a las mafias de narcotraficantes y terroristas que asuelan el país y han desatado un clima de violencia.
En su comentario editorial, el influyente rotativo demandó una salida urgente y viable con una política firme que combine la interdicción con otras herramientas de mayor presencia del Estado.
Denunció un constante acoso hacia fiscales que ven temas del narcotráfico y comentó que si no es posible llevar los procesos con la debida imparcialidad y seguridad en zonas alejadas y peligrosas, donde actúan narcoterroristas, los juicios deben trasladarse a Lima.
El cotidiano se pronunció a favor de una firme reacción del Estado ante el narcotráfico tras el asesinato del fiscal Néstor Fernández Ramírez en la provincia de Acobamba (Huancavelica), presumiblemente a manos de mafias de narcotraficantes.
Indicó que "la respuesta debe ser firme y articulada del Estado, que tiene que ir más allá del reforzamiento de la seguridad policial a los fiscales, sobre todo a los que ven casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y bandas de secuestradores y asaltantes".
El Comercio señaló que "no puede ser casualidad que este cobarde crimen haya cobrado la vida de un fiscal que ha acusado y denunciado a importantes cabecillas de las mafias de narcotraficantes, en una zona de alto tránsito de insumos químicos y droga".
Con la muerte de Fernández Ramírez, que había sido amenazado en las últimas semanas, ya son cuatro los fiscales asesinados en los últimos cuatro años.
El rotativo recordó que los jueces y fiscales son autoridades que representan y defienden al Estado, es decir a todos los ciudadanos en el delicado ámbito de la administración de justicia.
En el fondo el problema tiene que ver con la creciente inseguridad ciudadana, que está llegando a niveles intolerables por lo que se espera una exhaustiva revisión de la política por parte del Poder Ejecutivo, expresó.
Ante esto, dijo, la Policía Nacional tiene que revisar también sus planes de protección a las autoridades y fiscales, así como redoblar sus labores de inteligencia para capturar a los criminales, de modo que puedan ser sancionados severamente con las penas máximas.
