En la paradoja del año, la promesa colocada en la mesa por el gobierno a la cúpula empresarial de que el día 15 de diciembre habrá, al fin, reforma laboral, provocó un tronadero de dedos, y una convocatoria a todos los santos para que se le atoren los tiempos al Congreso.
La razón es simple: de cumplirse a la letra lo que pareciera baladronada, dado que faltan sólo cuatro sesiones para terminar el período, el sí de una mayoría del pleno del Senado, y eventualmente de la Cámara de Diputados, sería a un híbrido con prominencia en un anteproyecto planteado por el PRI. El eje del nuevo escenario apuntaría a reforzar la acción de los sindicatos, en sentido contrario a la propuesta panista, por más que tampoco llenaba la expectativa patronal, por considerarla tibia.
Digamos que tras los denuestos del presidente Felipe Calderón al expartido oficial, éste haría valer su peso en el Congreso, reforzando, de pasadita, su vieja alianza con el sindicalismo tradicional.
De hecho, el epicentro de su propuesta, que incluye la modificación de mil artículos de la Ley Federal del Trabajo, más del doble de los 444 que plantea el PAN, habla de restarle facultades a la Secretaría del Trabajo en materia de supervisión a los sindicatos, incluida la posibilidad de "toma de nota", es decir, aprobar la elección de dirigentes.
Más allá, se crearían dos institutos, uno federal y otro local, para el registro de sindicatos, tarea que hasta hoy realiza la dependencia.
Adicionalmente, se revive la idea, impugnada también en su momento por la Secretaría del Trabajo y las cúpulas empresariales, de que las empresas que contraten a firmas outsourcing o tercerías se conviertan en obligadas solidarias cuando éstas no cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en materia de seguridad social.
En este caso, pues, se llevaría al marco laboral una reforma a la Ley del Seguro Social cuya constitucionalidad fue validada por la Suprema Corte, que le da a éste facultades para actuar contra el que le agarre la pata a la vaca.
Desde otro ángulo, en afán de sumar a su causa los votos perredistas, el PRI plantea adoptar una propuesta para suprimir el apartado B del artículo 123 de la Constitución para permitir que los trabajadores públicos tengan derecho de huelga.
En el coqueteo, se asumiría la propuesta de implantar como obligatoria la semana de trabajo de 40 horas, además de sustituir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un órgano que se denominaría Instituto Nacional del Salario Mínimo, Productividad y Reparto de Utilidades. En el carril contrario transitaba la propuesta panista, que planteaba debilitar las estructuras del viejo sindicalismo, obligando al recuento cuando se plantee alguna inconformidad con la dirigencia sindical; cancelando el escalafón ciego que privilegia antigüedad por productividad, y borrando del mapa la llamada cláusula de exclusión que se aplica a trabajadores disidentes. Sin embargo, los organismos empresariales querían más. La Coparmex, por ejemplo, pedía exigir elecciones democráticas en los sindicatos, sancionadas por organismos de solvencia moral. A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial planteaba negar el trámite a emplazamientos de huelga por incumplimientos al contrato colectivo, o contrato ley en su caso, cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.
Adicionalmente, se planteaba la exigencia de un arbitraje en los conflictos de huelga que se prolonguen por más de un lapso determinado por las partes, con dedicatoria al sindicato minero que prolongó la puesta en escena de las banderas rojinegras en Mexicana de Cananea por más de dos años.
La propuesta hablaba, además, de incorporar requisitos pactados para la tramitación de las demandas de titularidad de contratos colectivos cuando existan dos sindicatos en pugna.
Ahora que, en caso de inconformidad de los trabajadores con el sindicato que los representa, el recuento se haría por voto libre, directo y secreto... requisito que se exigiría también cuando se planteara el estallido o la prolongación de una huelga.
El catálogo hablaba a su vez de suprimir el reparto de utilidades en empresas propiedad o administradas por el gobierno federal, dado que no fueron creadas para esa finalidad. El contraste, pues, era brutal. Lo curioso del caso es que de cumplirse la promesa del gobierno estallaría la ira de los organismos empresariales, y de diluirse ésta se reforzará la idea de que se navega sin hilos en las velas.
Tan malo el águila como el sol. Como el cohetero, pues.
BALANCE GENERAL
Esta mañana, bajo el auspicio de la Comisión de Economía, la Cámara de Diputados aprobará un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a revertir la operación por medio de la cual la empresa estadounidense de traslado de valores Brink's se engulló al Servicio Panamericano de Protección.
La transacción, cuyo monto fue de 60 millones de dólares, se cerró formalmente el viernes pasado, pese a los reclamos de violación a la Ley de Inversiones Extranjeras, que reserva al capital nacional la propiedad de las firmas transportistas, en paralelo a los acuerdos relativos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y de pasadita coloca en jaque a la seguridad nacional.
El 80% del capital de Serpaprosa estaba en manos de un grupo de bancos, quienes soslayaron las advertencias del Senado y de la propia Cámara de Diputados, en paralelo a las de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.
La operación, empero, no se ha integrado aún al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Ocho mil policías armados a las órdenes de un patrón extranjero.
ASUR DE LA DISCORDIA
A pretexto de que la Comisión Federal de Competencia no ha dictado su fallo sobre la legalidad de los licitantes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes retrasó hasta marzo de 2011 el concurso para construir y operar un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya.
La manzana de la discordia es la participación del Grupo Aeroportuario del Sureste que encabeza Fernando Chico Pardo, dada la posibilidad de incurrir en un conflicto de interés.
Como usted sabe, éste opera la terminal de Cancún, ubicada a sólo 160 kilómetros de la que se pretende edificar.
La firma alega tener derechos regionales, por más que en algún momento los intereses chocarían ante la decadencia de Cancún y el auge de Playa de Carmen.
Las otras firmas en la pelea son el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco; el Grupo Aeroportuario del Pacífico que encabeza Jorge Salas, y Tradeco de Federico Martínez, en alianza con la Corporación América.
MOLINAR EN EL CALLEJÓN
De acuerdo a los abogados de Iusacell, de no enviar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un plazo que vence este jueves un oficio de revocación de la concesión otorgada a Nextel para operar una red nacional de telefonía celular, su titular, Juan Molinar, podría ser destituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Más aún, se le consignaría al Ministerio Público.
La presunción se sustenta en la resolución de la jueza decimosexta de Distrito en Córdoba, Veracruz, Naela Márquez Hernández, señalando que el funcionario violó una suspensión definitiva al otorgar a la firma de los Estados Unidos el título de concesión.
La dependencia señala que no fue notificada en tiempo y forma.
