Colocada como la prioridad máxima de la Secretaría del Trabajo, al punto de degradarse a un subsecretario que regañó a un senador, la propuesta de reforma laboral planteada por la fracción panista en el Senado tiene ya frente a sí dos alternativas contrastantes. Una, colocada en la mesa por el PRI, le pone el énfasis a la defensa de los sindicatos; otra, colocada en la discusión por el Consejo Coordinador Empresarial, apunta justo hacia el lado contrario.
El común denominador, sin embargo, es que ambas exigen reglamentar la actividad de las empresas outsourcing o tercerías, para evitar sus permanentes atropellos a las leyes en materia de seguridad social.
Los puntos más polémicos de la iniciativa priista hablan de reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal y de despojar a la autoridad laboral de la facultad de la "toma de nota", es decir el reconocer a la dirigencia de un sindicato.
Del otro lado de la moneda, en el catálogo de propuestas planteado por la cúpula empresarial, se pide estrangular la principal fuente de poder de los sindicatos, es decir el que los ascensos de los trabajadores se basen en el llamado "escalafón ciego", sustituyendo la antigüedad por productividad... por más que se solicita definir el concepto. En abundancia, se suprimiría la cláusula de exclusión que le da poder a un sindicato de realizar "purgas" de disidentes.
En paralelo, se plantea una catarata de medidas que le darían el tiro de gracia al sindicalismo tradicional.
Estamos hablando, por ejemplo, de negar el trámite a emplazamientos a huelga por incumplimientos al Contrato Colectivo o Contrato-Ley, cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.
El remedio y el palito, pues. Más allá, habría la exigencia de un arbitraje en los conflictos de huelga que se prolonguen por más de un tiempo determinado por las partes.
La dedicatoria, naturalmente, apunta al sindicato minero que prolongó la puesta en escena de las banderas rojinegras en Mexicana de Cananea por más de dos años.
La alternativa habla, además, de incorporar una serie de requisitos previamente pactados para la tramitación de las demandas de titularidad del Contrato Colectivo, y para la tramitación de emplazamientos a huelga por firma del Contrato Colectivo.
Bajo el nuevo marco, asimismo, se declararía inexistente una huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.
No se aceptaría un emplazamiento por firma de Contrato Colectivo cuando exista otro similar.
Ahora que, en caso de inconformidad de los trabajadores con el sindicato que los representa, el recuento se haría por voto libre, directo y secreto... requisito que se exigirá también cuando se planteara el estallido o la terminación de una huelga.
Los Contratos Colectivos y los reglamentos internos de trabajo deberán hacerse públicos vía Internet, en su calidad de documentos privados, lo que permitiría a la opinión pública ponderar su justeza hacia una u otra de las partes.
El catálogo habla también de excluir de la posibilidad de reparto de utilidades a las empresas propiedad o administradas por el Gobierno Federal, dado que no fueron creados para esa finalidad.
Desde otro ángulo, se plantea, a pretexto de acercar a México a los parámetros internacionales, eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido, previo el pago a la indemnización correspondiente.
Al mismo tiempo, limitar la generación de salarios vencidos o caídos, privilegiando la conciliación en los procesos laborales para evitar alargarlos al infinito.
La lista habla también de incorporar la multihabilidad como mecanismo para incrementar la productividad y los ingresos de los trabajadores; mantener como causal de terminación de la relación laboral la renuncia al trabajo, como lo contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y aunque se habla de mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, se supedita la posibilidad a no incrementar los costos del trabajo en el campo, lo que según ello inhibiría el empleo formal. Adicionalmente, el catálogo del CCE plantea mantener una flexibilidad horaria con las jornadas laborales; fortalecer la regulación para contratar trabajadores mexicanos para laborar en el extranjero, e incorporar derechos y obligaciones de patrones y trabajadores ante contingencias sanitarias.
Reforma laboral vía patronal.
BALANCE GENERAL
Detrás del espeso silencio del Instituto Mexicano del Seguro Social frente al escandaloso debate previo a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la reforma al Artículo 91 de la Ley del Seguro Social motejada como Ley Simi, que obliga al organismo a cubrir, vía la red privada de farmacias, la carencia de medicinas recetadas por sus médicos, está la posibilidad de consolidar, en la coyuntura, un viejo proyecto.
Estamos hablando de otorgar a particulares el abasto total de fármacos.
Aprobada por el Consejo Técnico del organismo, la alternativa se había estrellado ante la negativa del sindicato de perder las plazas de quienes realizan la tarea.
Sin embargo, el panorama cambió radicalmente al apoyar la instancia tripartita la reelección, a contrapelo de los estatutos sindicales, del líder Valdemar Fragoso, cuyo nuevo periodo culminará en el 2018. De ahí que, siendo éste diputado del PAN, no haya subido a la tribuna a pelear por los intereses del gremio.
De ahí, en paralelo, la cargada panista, a título de "cumplir compromisos previamente pactados".
FUSIÓN A LA VISTA
Colocadas ya en la mesa de los auditores las cifras de uno y otro bancos para calcular el costo justo de la absorción por parte de Banorte de la mayor parte de las acciones del banco Ixe, la fusión se concretará en la tercera semana de noviembre.
La sorpresa es que la intermediaria resultante, que alcanzará al tercer sitio del sistema desplazando a Santander, se llamará Banorte-Ixe.
Por lo pronto, en los próximos días llegará la autorización de la Comisión Federal de Competencia bajo el argumento de que la firma resultante no altera los equilibrios del sistema bancario dominado por Bancomer y Banamex.
CUMPLIÓ EL UNIVERSAL
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores oficializó la cancelación en el Registro Nacional de Valores de la emisión de Certificados Bursátiles emitida por la Compañía Periodística Nacional, editora de "EL UNIVERSAL", tras de que ésta cubriera anticipadamente su redención.
La deuda, que se vencía el 18 de marzo del año próximo, fue cubierta el seis de agosto pasado, al amortizarse un último tramo de 70 millones.
El programa de emisiones respaldaba un total de 180 millones de pesos en papeles de deuda, a vencerse en dos años.
MARCATEL CRECE
A contrapelo de los litigios que enfrenta con Teléfonos de México, en cuyo marco podría ser obligado a pagar una multimillonaria deuda por concepto de interconexión, Marcatel sigue expandiendo su horizonte internacional.
La firma encabezada por Gustavo de la Garza acaba de adquirir a las dos empresas líderes de Estados Unidos en la venta de tarjetas telefónicas prepagadas, cuyas razones sociales son Vivaro Corporation y STI Prepaid.
Las compañías distribuyen 260 millones de tarjetas al año, con costos de dos, cinco y 10 dólares.
