El Gobierno de Reino Unido anunció ayer el mayor recorte de gastos en el país desde la II Guerra Mundial, con el que pretende un ahorro de más de 130 mil millones de dólares en los próximos cuatro años, a fin de evitar el "precipicio".
El plan, presentado ayer por el ministro de Finanzas, George Osborne, en la Cámara de los Comunes, contempla medidas como la eliminación de medio millón de puestos de trabajo del sector público y elevar a 66 años la edad para la jubilación.
También limitará algunos beneficios de incapacidad y la supresión del subsidio gubernamental por hijos para las familias con una mayor tasa de contribución, como parte de los recortes al presupuesto de la seguridad social, en el cual el impacto será más pronunciado.
Los recortes se aplicarán además a los presupuestos de los ministerios del Interior (24 por ciento) y de Asuntos Exteriores (24 por ciento), así como del Tesoro (33 por ciento) y del mantenimiento de las oficinas de apoyo a la familia real británica (14 por ciento).
Asimismo se incluye un recorte a los gastos del Parlamento y una reducción drástica de los recursos otorgados a los consejos locales.
El Gobierno prevé limitaciones a prestaciones de vivienda y de créditos, además de una nueva tasa bancaria, sobre la cual presentará los detalles mañana jueves, reportó la cadena de noticias British Broadcasting Corporation (BBC).
Ante los legisladores, Osborne aseguró que tales medidas "guiadas por la justicia, la reforma y el crecimiento", evitarán el colapso del Reino Unido, cuya deuda neta es de 1.4 billones de dólares, equivalente a 57.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El ministro afirmó sin embargo que los recortes anunciados eran menores a los previstos inicialmente gracias a los ahorros obtenidos del presupuesto de asistencia social.
"Hoy es el día en el que el Reino Unido va a evitar el precipicio, enfrentando una década de deudas. El objetivo es eliminar el déficit en cinco años", explicó Osborne y agregó que "es un camino duro, pero conduce a un futuro mejor".
El ministro de Finanzas del opositor partido Laborista, Alan Johnson, calificó la propuesta como "una temeraria apuesta de los medios de subsistencia de la gente", que corre el riesgo de "ahogar la frágil recuperación".