Las autoridades colombianas reportaron ayer la muerte del guerrillero Jorge Posada Medina, cuarto jefe del frente 57 de las rebeldes FARC, en el marco de la denominada Operación Darién, en la frontera con Panamá.
Fuentes policiales señalaron que Posada Medina murió en una zona rural del municipio de Juradó, en el departamento del Chocó, en la frontera con Panamá, en una operación conjunta de la Policía y la Fuerza Aérea.
El jefe guerrillero, conocido con el alias de "Ignacio", era responsabilizado del atentado a una iglesia en el caserío de Bojayá en mayo de 2002, en el que murieron más de 100 personas.
La Operación Darién forma parte de la ofensiva militar que realiza la fuerza pública para neutralizar a los jefes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras la muerte de Jorge Briceño, el "Mono Jojoy", el 23 de septiembre pasado. Posada Medina, quien también era conocido como "Pipón", tenía 25 años en las filas rebeldes y era el encargado de consolidar alianzas con redes del narcotráfico y abastecer el armamento para sus respectivos frentes.
Informes de inteligencia indicaron que "Ignacio" comercializó más de 36 toneladas de cocaína, valuadas en mil 56 millones de dólares, las cuales fueron enviadas a Centroamérica y Estados Unidos.
PRESIONAN A VENEZUELA
Por su parte, el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, dijo ayer que espera "resultados pronto" de las gestiones del Gobierno de Madrid con Venezuela a raíz de las declaraciones de dos presuntos etarras que aseguraron haber recibido cursos de formación en ese país en 2008. Caamaño señaló que el Gobierno español en cuanto tuvo conocimiento del auto del juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno, en el que se recogían las declaraciones realizadas por los dos presuntos miembros de ETA -Javier Atristain y Juan Carlos Besance- ante la Guardia Civil, lo trasladó a Venezuela y pidió "que se gestione lo antes posible".
"De hecho, esperamos resultados pronto", agregó el titular de Justicia, que dijo que confía en que las autoridades judiciales de Venezuela tomen alguna medida o inicien una investigación sobre los hechos.
