Justificada por el Gobierno la desaparición de los subsidios a los energéticos y el crecimiento de la carga impositiva por la exigencia de reforzar los programas sociales ante los estragos de la crisis, ahora resulta que éstos son inútiles, dado su pésimo diseño e instrumentación.
De hecho, cuatro de cada 10 han sido reprobados en una evaluación integral externa que incluyó a los funcionarios públicos que los operan.
Lo grave del caso es que entre los descalificados están los ubicados como estelares, es decir aquellos que reclaman mayores subsidios. Estamos hablando de la Alianza para el Campo que instrumenta la Secretaría de Agricultura; del Seguro Popular de la de Salud, y de Adultos Mayores de la de Desarrollo Social.
Sus calificaciones son de 4.4, 4.6 y 1.6 respectivamente.
Más allá, alcanzan nivel reprobatorio todos los relacionados con la producción agrícola, vivienda, urbanización y desarrollo regional.
Los recursos, pues, se van prácticamente a la basura al no cumplirse las metas ni propiciar su aprovechamiento total.
La evaluación, sobre la base de consistencia y resultados, la realizó la Asociación Civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), por encargo del Congreso.
La firma surgió en el 2006 para investigar, monitorear y evaluar el desempeño de las instituciones públicas y las empresas de alto impacto social.
El documento de conclusiones lamenta que los funcionarios públicos no posean las competencias necesarias para diseñar correctamente una política pública, "a pesar que desde hace siete años existe el servicio social de carrera, que sólo en el 2009 costó 283.3 millones de pesos".
El ejercicio analizó los resultados de las evaluaciones de 104 programas del Gobierno Federal, alcanzándose un promedio de 6.3 en una escala de uno a 10.
Se pasó de panzazo, pues.
Sin embargo, decíamos, la parte sustancial de los programas no logró llegar más allá del 5.9, incluido el de Enciclomedia, ubicado como la carta estelar del alocado Gobierno de Vicente Fox.
La conclusión es demoledora: "En un contexto de crisis y dada la pobreza y la desigualdad que se vive en el país, es lamentable que los programas de asistencia social; temas agrarios, urbanización, desarrollo regional y vivienda, sean los que cuentan con las calificaciones más bajas en la calidad de su diseño".
Durante el 2007, como parte de la Política de Evaluación del Desempeño Federal (PEP), se realizó una revisión externa de los programas gubernamentales sujetos a subsidios. Sin embargo, el resultado no se hizo público en su contexto real, presentándose en forma compleja, dispersa y desvinculada de supuestos clave.
Bajo la metodología de Gesoc se diseñó un Índice de Calidad de Diseño, bajo premisas de certificar la consistencia de la operación, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y el aprovechamiento cabal del gasto público.
La estrategia planteó tres vertientes: el diseño y la alineación estratégica, que agrupa la información que define objetivos, metas y alcances estratégicos del programa federal evaluado; la operación, integrándose la información relacionada con las previsiones institucionales y organizacionales que permitirían un correcto enfoque de los programas por parte de la dependencia ejecutora.
Finalmente, la orientación a resultados y a la ciudadanía, analizando en este caso las previsiones a los programas para medir resultados e impactos, así como la percepción y opinión de la población objetivo.
La calificación más baja la obtuvo el último rubro, con 4.4, en tanto en operación se alcanzó el 7.1, lo que indica que la burocracia se enfiló más a evitar violar la normatividad que a ofrecer resultados.
La paradoja del caso es que los programas mejor evaluados son aquellos que tienen mayor antigüedad, es decir los diseñados durante los gobiernos priistas.
De hecho, los creados durante el 2001 y el 2007, es decir durante el Gobierno foxista y el actual, alcanzan una calificación reprobatoria de 5.9, en tanto los iniciados a partir de 1971 alcanzaron un promedio de ocho.
Lo dramático del asunto es que los primeros representaron el 58 por ciento de los programas evaluados.
Gobierno reprobado.
Aunque el activismo buscará el auxilio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o alguna instancia similar a nivel internacional, por lo pronto la Suprema Corte de Justicia le cerró la última vía en el país al sindicato minero frente a la posibilidad del revertir un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declara rota su relación con tres empresas del Grupo Minera México.
Estamos hablando de Mexicana de Cananea y las plantas ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, en huelga desde hace más de dos años.
La resolución, como usted sabe, se basó en un informe de la Secretaría de Economía que planteaba la imposibilidad de que las minas pudieran seguir operando bajo las condiciones laborales existentes.
Dictada, pues, la última palabra, la empresa de Germán Larrea Mota Velasco está en opción de liquidar a los trabajadores, aún cuando pudiera recontratar a quienes se afilien a un nuevo sindicato.
Por lo pronto, sin embargo, están vigentes dos amparos que impiden la posibilidad de un desalojo de los huelguistas.
MURIÓ EL RENAUT La puntilla para el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, al menos en su primera etapa, la acaba de dar Iusacell, al obtener un amparo contra la exigencia de cortarle la línea a los remisos para la inscripción.
Anteriormente, como usted sabe, Telcel logró una suspensión definitiva y Movistar otra provisional, que hoy mismo podría alanzar rango de definitiva.
La única que no ha buscado la protección de la justicia es Nextel.
Naturalmente, el escenario obliga a replantear el esquema sobre bases y escenarios más sólidos, sobre todo después de las denuncias de venta al mejor postor de los padrones de ciudadanos.
La lección no es sólo para el Gobierno, sino para el Congreso.
MOVISTAR SIN TELEVISA La novedad, en el visto bueno otorgado por la Comisión Federal de Competencia a las firmas que pelearán por el espectro de las bandas de 1.7 y 1.9 gigahertz de telefonía móvil, es que se cerró a Movistar, es decir la Telefónica México, la posibilidad de hacer equipo con Televisa.
De acuerdo a la resolución de la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta, la firma de Emilio Azcárraga Jean, sólo tendrá como aliado a Nextel.
Ahora que también estarán en el ring las diez empresas que inscribió el Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego. La instancia reprobó a la cablera UDT Comunicaciones.
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