Después de ocho meses de no recibir recursos del gobierno municipal de Torreón (los últimos dos meses del anterior y los primeros seis del actual), finalmente el Cabildo reconoce apoyar con fondos municipales a la Fundación Jimulco como administradora de la Reserva Ecológica de Jimulco, un largo período en el cual se interrumpieron parcialmente las actividades en ese espacio protegido, ya que el trabajo continuó en gran parte por el compromiso de los profesionistas que colaboran como facilitadores de la gestión que realizan las comunidades del zona, por el apoyo que éstas dieron mayoritariamente para que fuese la Fundación quien diera continuidad a la gestión ciudadana del área protegida, pero también de los actores locales urbanos como universidades, cámaras empresariales, grupos civiles, ciudadanos en lo particular y servidores públicos, incluyendo de la nueva administración municipal.
En esta área natural protegida se inició un proceso de ciudadanización impulsado desde 2009 por la Organización No Gubernamental Biodesert y la dirección de Medio Ambiente municipal, el cual se sustentó en los compromisos que se plasmaron en el convenio firmado en 2006 mediante el cual se le transfirieron las funciones de administración a dicha ONG. Dicho proceso no fue nada fácil en virtud de que se trató de involucrar a una diversidad de actores locales en la gestión de la reserva ecológica, situación que implica comprometerse en las acciones de conservación de la biodiversidad (ecosistemas, hábitat y especies) que en ella se alberga, pero también de apoyar el desarrollo local sostenible de las comunidades rurales residentes en la zona, mismo que implicó una dialogo, reuniones y consultas en el seno de estos actores de modo tal que su participación no respondiera a decisiones personales sino institucionales o colectivas.
En las mismas comunidades ejidales hubo de realizarse asambleas generales en las que se decidiera avalar a la Fundación Jimulco como nueva administradora del área protegida, o las consultas de los directivos de las universidades, las instituciones públicas o de las cámaras empresariales que requirieron la aceptación al nivel de sus consejos directivos, como pude constatar la semana pasada en que asistí a la reunión del Consejo Directivo de Canacintra Torreón donde se ratificó el aval de que este organismo continuara participando en la Fundación.
El retraso que el nuevo gobierno municipal tuvo en reconocer a la Fundación Jimulco y asignarle los recursos para que continuara la gestión de la reserva ecológica, podríamos entenderlo dentro de la lógica que comúnmente ocurre en la transición de una administración a otra, donde la nueva trata de promover sus propias políticas y programas y no retomar los anteriores, más si éstos provienen de un gobierno de filiación política diferente, de ahí que en el seno del nuevo grupo gobernante existiera reticencia a dar continuidad a un proceso como el de la Fundación Jimulco que se inicia durante su predecesor.
Tal práctica puede originarse en que lo heredado no se contemple en los programas de campaña o de gobierno del grupo o partido ascendente, pero también puede constituir una equivocación si no se valora adecuadamente la pertinencia de esa herencia y caer en la discontinuidad de aplicación de políticas públicas que hayan generado beneficios a diversos segmentos de la población, no necesariamente afines a un partido o grupo político, y que su anulación se traducirá en perjudicar a quienes recibían tales beneficios. Sin embargo, quizá el nuevo gobierno municipal de inicio no valoró adecuadamente el proceso de ciudadanización de la gestión de esta área protegida, ya que éste, si bien es originalmente impulsado por el anterior gobierno y un grupo civil, como tal no respondía al interés del primero sino al de un abanico de actores locales diversos que asumen su responsabilidad social en el cuidado de este reservorio natural, actitud loable porque se involucran en un asunto público y ponen en práctica un singular ejercicio de gobernanza ambiental, al parecer no visto en otras partes del país.
Después de esta experiencia en la que se ratifica esa lógica de la transición gubernamental a nivel local, que en este caso sucede por segunda vez, con base a los resultados que se obtengan de este ejercicio de gobernanza ambiental, habrá de pensarse en ponerle los candados institucionales que impidan que ante cada cambio de gobierno vuelvan a suceder casos como éste. Por lo pronto, y en espera de que no se prolongue el retraso a este singular proceso de ciudadanización, hay que retomar el trabajo en todos sus aspectos.
