"Los problemas son sólo oportunidad en ropas de trabajo."
Henry J. Kaiser
Un enorme reto ha recaído en la Comisión Federal de Electricidad al hacerse cargo de las tareas de Luz y Fuerza del Centro, la paraestatal cerrada por el Gobierno Federal el 11 de octubre de 2009. Luz y Fuerza se había manejado como una propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con 3,350 trabajadores, algunos propios y otros subcontratados, la Comisión ha buscado desde el 11 de octubre mantener funcionando un sistema que operaba con 44 mil.
Ha habido problemas, por supuesto, pero la Comisión ha cumplido. Los apagones han sido numerosos y prolongados, pero muchos han sido producto de más de 400 actos de sabotaje documentados. Los fuertes vientos que azotaron a la Ciudad de México el 15 de enero, y que dejaron sin luz zonas muy importantes, fueron una prueba adicional. Pero el servicio se ha mantenido a un nivel razonable a pesar de que la demanda en la zona centro del país alcanzó a mediados de diciembre el máximo nivel de la historia: 8,815 megavatios en una semana.
La Comisión Federal de Electricidad ha logrado cobrar más de 5 mil millones de pesos de los usuarios, un 70 por ciento del total, a pesar de haber cambiado la entrega personal de recibos por trabajadores del SME a una distribución por Correos de México.
La Comisión ha conectado también a 25 mil nuevos usuarios. Esto es importante. Muchos grandes usuarios simplemente no estaban siendo conectados a la red pública de electricidad. Ni la Torre Mayor en el Paseo de la Reforma ni el edificio del Pantalón en Santa Fe tenían oficialmente servicio público de electricidad. Tampoco algunos centros comerciales.
La falta de conexión era en parte producto de las limitaciones técnicas de Luz y Fuerza, pero también de actos de corrupción. Muchos empleados ofrecían conexiones ilegales a cambio de pagos por debajo del agua.
La Comisión Federal de Electricidad ha superado grandes retos, pero los más importantes están todavía delante. El centro del país necesita y merece un mejor servicio de electricidad. Hay un proyecto ya para establecer medidores inteligentes que permitan determinar el consumo sin la presencia física de empleados de la empresa ni posibilidades de corrupción. Deben hacerse también inversiones en subestaciones y equipo de transmisión.
La aceptación de la extinción de Luz y Fuerza del Centro parece haber venido aumentando. Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica señala que el respaldo a la medida gubernamental ha pasado de 47.2 por ciento en octubre de 2009 a 56.5 por ciento en enero de este 2010. De hecho, 74.6 por ciento de los entrevistados manifiesta que el número de apagones ha permanecido igual o ha disminuido desde que la Comisión se hizo cargo del servicio.
El movimiento de resistencia del SME parece estar perdiendo fuerzas. Cada vez hay menos gente en las movilizaciones del sindicato: unos cientos de personas, muchos de los cuales son activistas ajenos a Luz y Fuerza. Sin embargo, se supone que 17 mil trabajadores no han recibido su indemnización y que hay además 22 mil jubilados que presuntamente apoyan al SME. Cada vez parece más verosímil la hipótesis de que miles de los ex trabajadores no existían y alguien más cobraba su sueldo.
Los retos no han acabado. Los usuarios terminarán por juzgar a la Comisión por el servicio que reciban. El sistema de distribución de electricidad en el centro del país tiene que mejorar todavía de forma muy importante.
Inquieta la decisión de la novena sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que establece que los 55 millones de dólares depositados en un fideicomiso bancario a nombre de los mineros de Cananea no eran en realidad de los trabajadores sino del sindicato, por lo que el líder, Napoleón Gómez Urrutia, podía disponer de ellos. Se fortalece así jurídicamente un perverso sistema en el cual el sindicato es dueño del dinero de los trabajadores.