En un sorpresivo giro, cuando la empresa daba por hecho la cancelación del expediente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal declaró improcedente el no ejercicio de la acción penal decretada originalmente frente a una demanda contra Coca Cola planteado por un ex ejecutivo .
La resolución respondió a un reclamo de inconformidad colocado por el reclamante, Ángel Alvarado Agüero, quien fuera hasta mayo del 2007 director de Desarrollo de Mercados de la filial en México de la firma multinacional.
Notificada ésta en los primeros días del año que corre, el quejoso ratificó su declaración el ocho de abril pasado, colocándose en ruta el expediente para su consignación a un juez.
La querella presupone los delitos de fraude genérico y fraude procesal cometidos por la firma, acusándose en lo particular al ex presidente de ésta en el país, James Quincey y/o quienes resulten responsables.
Despedido por el supuesto de haber proporcionado a terceros información confidencial, Alvarado Agüero señala que se le hizo firmar su renuncia con engaños, bajo la amenaza de perder su plan de retiro nacional, tras 16 años de labores en la compañía.
El punto fino, empero, habla de que se le endosó como patrón real a una compañía creada por la propia trasnacional para evadir responsabilidades laborales, como el reparto de utilidades, denominada ésta, Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia.
Estaríamos hablando, pues, de una outsorcing o tercería, con la diferencia de que ésta no es ajena a la empresa, sino parte de ella. De hecho, en su momento la presidió el propio James Quincey.
Más aún, se exhibieron constancias notariales que daban fe que el socio mayoritario en la firma es The Coca Cola Export Corporation.
Según ello, la simulación permitió soslayar el pago de reparto de utilidades que el reclamante calcula en dos millones 800 mil dólares... más los intereses correspondientes.
Ahora que en su respuesta a la querella ante la Fiscalía para Delitos Financieros de la PGJDF, un ejército de abogados de la compañía, encabezado por Mario César Rojas Ramírez, emplea una catarata de calificativos para rechazar la denuncia ("falsa, oscura, improcedente, indefinida y temeraria").
A juicio de éstos, se trata de "maquinaciones y argucias tendientes a pretender intimidar a la empresa, al responsabilizarla de conductas ilícitas inexistentes, "seguramente con el fin de obtener algún beneficio indebido a favor del quejoso".
De acuerdo al dicho de la empresa, Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes en México desde 1986, año en que empezó a ofrecer servicios administrativos de dirección y de personal a "ciertas personas morales", entre ellas a The Coca Cola Export Corporation.
El alegato reconoce que el primer día de 1991 ésta contrató a Alvarado Agüero, quien presentó su renuncia en forma voluntaria en 1998, "en razón de emplearse en el extranjero".
De hecho, se le entregó, a petición de éste, el pago total de sus aportaciones y fondos de retiro respectivos.
Lo que no se dice es que el funcionario se fue a trabajar a la matriz de la compañía en los Estados Unidos, por más que se habla "de una persona moral distinta a ésta".
Lo curioso del caso es que se acepta que "posteriormente Alvarado Agüero se contrató como empleado de Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, "reconociéndosele antigüedad desde 1991".
El posteriormente representa un paréntesis de cinco años, dado que el regreso se dio en el 2003.
La premisa es simple: Si se fue a laborar a otra empresa sin relación alguna con la firma, a qué rayos se le iba a reconocer la antigüedad.
En su segunda etapa Alvarado Agüero duró hasta el 2007.
La querella penal, en paralelo a otra de carácter laboral que se encuentra subjúdice, se planteó el ocho de noviembre de 2008, es decir lleva 18 meses en "análisis" del Ministerio Público, tras dos intentos fallidos de cerrarla bajo el no ejercicio de la acción penal.
La empresa alega que tras la rescisión de su contrato se le entregó al reclamante ante un notario público el finiquito correspondiente.
Por lo pronto, en lo que pareciera un intento de cobrarle revancha al quejoso, en su escrito de respuesta a la demanda, los abogados de Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia señalan que éste "ha tratado por todos los medios de presionar, intimidar y perjudicar a mi representada y otros, mediante publicaciones en distintos medios de comunicación (periódicos, revistas e Internet), con el fin de desprestigiar la excelente reputación y renombre de The Coca Cola Export Corporation".
Por lo pronto, el asunto ha llegado a la tribuna de la Cámara de Diputados; ha pasado por la discusión de la Suprema Corte, y ha sido objeto de debate en mesas redondas de asuntos laborales.
El meollo es simple: Más que un caso laboral, el eje es la presunta simulación de empresas gigantes para evadir responsabilidades.
Ahora resulta que, a iniciativa de la bancada petista en el Congreso, se instalaría una mesa de negociación entre el sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia y la empresa Grupo Minera México de Germán Larrea Mota Velasco, para según ello encontrar salidas para las huelgas en Mexicana de Cobre y dos plantas ubicadas en Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero.
El intermediario, se asegura, sería el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Los acuerdos serían avalados por las Comisiones del Trabajo, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
Naturalmente, la posibilidad se negocia a espaldas del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
La idea pareciera descabellada, dada la resolución de la Suprema Corte de Justicia que declara inválida la relación entre la firma y el sindicato, a cuya vera estaría en chino que ésta enviara alguna representación.
CONTRATOS DE DESEMPEÑO Pendiente aún la resolución de la Suprema Corte frente a una Controversia Constitucional planteada por un grupo plural de legisladores, Petróleos Mexicanos tiene ya en puerta 14 contratos de desempeño para explorar depósitos de petróleo en la Cuenca de Chicontepec y el Golfo de México.
La modalidad fue impugnada al considerar que se asemeja a los contratos de riesgo que prohibe la Constitución.
Naturalmente, las tareas las realizarán empresas extranjeras.
De acuerdo al director de Exploración y Producción de la empresa pública, Carlos Morales, la firma de los primeros contratos se daría en julio, empezando las tareas a finales del año.
SÍ, PERO NO Sostenida contra viento y marea su inocencia frente a acusaciones de fraude que le endilgan 150 inversionistas extranjeros que adquirieron casas en preventa del complejo Esmeralda & Resort ubicado en Champoton, Campeche, hete aquí que el grupo español Mall se negó a que abogados de éstos verificaran el avance de las obras.
Planteada la documentación que les acreditaba como apoderados de los quejosos, los directivos de la firma alegaron que ésta no contemplaba todos los requisitos legales.
